No podía ser más desalentador y preocupante el informe entregado por el Instituto de Medicina Legal sobre el comportamiento de la criminalidad en el país durante el 2017, pues a pesar de la firma del proceso de paz con las Farc, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, reflejando que sin el escenario de conflicto interno, la violencia no da tregua.
Reducir apenas el 1,37 por ciento el número de homicidios, que pasó de 11.214 casos en el 2016 a 11.373 en el 2017, no es muy significativo para un periodo en el que las Farc dejó de contar como organización guerrillera, en una guerra que era la que más muertes aportaba, de acuerdo con cifras de las autoridades.
Lo alarmante del informe de Medicina Legal, más allá de esa situación de criminalidad que parece ser un lastre histórico que llevamos encima, son las agresiones contra menores de edad, que a pesar de las campañas y el rechazo general de cada hecho aberrante hacia los niños, el maltrato y abusos sobre nuestros infantes sigue en ascenso, atribuyéndose a la violencia intrafamiliar en 10.385 de los casos.
El reflejo de los problemas graves de salud mental que hay en Colombia son los hechos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
Que se presenten 23.798 registros de delitos sexuales en un año debe alertar a organismos de seguridad y autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que la violencia sexual es considerada como una patología de salud pública, pero más delicado aún que en un 86,83 por ciento, es decir 20.663 casos, las víctimas fueron menores de edad.
Si queremos otro signo de alarma que en cualquier lugar generaría acciones inmediatas, basta mirar las denuncias de abuso sexual. 13.450 de ellas fueron actos cometidos contra niños de edades entre los cinco y trece años, quienes el único instinto que deben despertar es el de protección y sobre eso nos da ejemplo la naturaleza.
¿Dónde están las entidades encargadas de proteger a los menores? Esta situación parece una película que se repite año tras año, con consecuencias cada vez más graves, y no parece que haya voluntad política para buscar una solución al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran.
En la actual campaña presidencial se están planteando propuestas para afrontar diferentes problemas, en seguridad, economía, justicia, infraestructura y otras; pero la situación de los niños en Colombia no ha sido enfrentada con la seriedad y contundencia que requiere.
La propuesta de imponer cadena perpetua para los violadores es solo un calmante, porque si bien es cierto se requieren más acciones legales y policivas contra quienes cometen esos delitos, el mal debe ser atacado de raíz, con iniciativas que aborden enfoques en educación, asistencia social, salud y justicia penal. El abuso a los niños tiene que pasar de ser un informe en cifras que escandaliza a los medios de comunicación, a generar gestiones efectivas que comprometan a toda la sociedad.
@WilsonRuizO (Colprensa)
