En Colombia la violencia y la corrupción van de la mano. Tienen una relación de finalidades semejantes. Esos males atroces están dirigidos a sostener el sistema de privilegios aberrantes, con dogmática pretensión. 

Y la violencia no ha sido solamente de los grupos armados insurgentes, como las guerrillas de diferentes apelativos. 

Estas son causantes de muchos actos crueles, devastadores en función de causas que se degradaron bajo el peso de tanto sacrificio desgarrador. 

Con ello no se consiguió ningún cambio y, por el contario, se agudizaron las condiciones de vida de los sectores populares, como reacción de quienes se han adueñado del poder.

La violencia del establecimiento se ha ejercido como revancha, con una marcada intención clasista. 

Siempre fue así, desde cuando España conquistó el territorio con su espada de exterminio para apoderarse de las riquezas nativas y luego defender lo que se había apropiado. 

La insurrección de los comuneros fue la copa que se rebosó por la imposición colonial de la monarquía que gobernaba desde ultramar a través de sus codiciosos agentes. 

De violencia en violencia se han impuesto las castas dominantes. El pueblo siempre ha sido víctima. 

Las guerras civiles no dejaron resultado alguno de beneficio. 

Las necesidades insatisfechas se han acumulado y los problemas de mayor peso siguen sin solución.

Los capítulos de exterminio a sangre y fuego han sido recurrentes en el país. A la masacre de las bananeras, en el Magdalena en 1930, se agregan otros episodios de letal incidencia. La muerte sistemática de los dirigentes de la UP configura un expediente de terror mayúsculo. Fue un plan calculado para cerrarle el camino a todo movimiento de cambio en el país. Fue la política de represión heredada de la Guerra Fría y de las doctrinas de la seguridad acuñadas por los líderes más oscurantistas de Occidente manejados por Estados Unidos.

Y mientras las guerrillas se empleaban en “todas las formas de lucha”, los sectores contrarios ejecutaban sus propias escaladas. Así cayeron dirigentes campesinos, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y promotores de los derechos sociales. Entre los crímenes de Estado de los últimos tiempos figuran los llamados falsos positivos, que fue un linchamiento de calculada sevicia. Jóvenes desprevenidos fueron cazados para hacerles ejecución extrajudicial con las armas oficiales a fin mostrar resultados de la lucha contra las organizaciones guerrilleras. Y esos crímenes se premiaban por parte del Gobierno aun con el conocimiento de que se trataba de montajes engañosos.

En el nuevo asalto participan paramilitares, narcotraficantes, terratenientes feudales y miembros desviados de la fuerza pública y el plan es el exterminio de dirigentes que defienden intereses de la comunidad. El número de las víctimas es cada vez mayor y la perspectiva es la continuidad de esa ola criminal. Es la violencia clasista en todo su furor.

A ese desbordamiento hay que ponerle punto final. Pero hay que hacerlo como defensa de la integridad nacional.

Puntada

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador es un estadista con lucidez. Su discurso de la victoria tuvo un tono que no deja duda sobre su integridad.