Partida en dos, y no entre los partidarios de la guerra y los de la paz, como pretende el Gobierno convencer al país y al mundo, porque, sencillamente, desde la de los Mil Días, expirando el Siglo XIX, Colombia nunca ha estado “en guerra” declarada contra ningún Estado ni grupo interno con calidad de “beligerante”, pues como tal no se puede calificar a la violencia narcoterrorista que –es cierto– ha asolado al campo durante décadas y, desde allí, al país todo. Dios nos salve de una guerra, algo que conocen los europeos y, ahora mismo, algunos países en el mundo. Las imágenes a color de las calles de Beirut me recuerdan aquellas sepia de las ciudades europeas devastadas. Eso es una guerra.
Las Farc, por supuesto, siempre se han sentido “en guerra” contra el Estado para derrocarlo, y se autodenominan “ejército”, dizque del pueblo, aunque el pueblo nunca les haya otorgado tal condición. Aun así, el Gobierno les concedió plenamente la de beligerantes –así lo niegue–al darles todas las prerrogativas de alta parte negociadora; al negociar con ellas efectivamente –así lo niegue–, transformaciones profundas al Estado de Derecho, entre ellas una Jurisdicción Especial basada en la justicia “restaurativa”, que garantiza –así lo niegue– su impunidad por delitos atroces; al firmar con ellas un Acuerdo de tal jerarquía que amerita elevarse integralmente –empaquetado– y de inmediato a rango constitucional, y por si fuera poco; al someter tan histórica transformación, también empaquetada, al escrutinio plebiscitario del pueblo, a la disyuntiva sustancial del SÍ o el NO, del todo o nada.
Eso es lo que tiene a Colombia partida en dos, fracturada, como nunca desde el enfrentamiento partidista y sangriento de mediados del siglo pasado, que tampoco fue una guerra sino una “Violencia”.
La mitad del país no acepta la forma y el alcance de las negociaciones con las Farc. La mitad del país no acepta que 7.000 colombianos –que también lo son– con las armas en bandolera, y otros tantos milicianos, les impongan condiciones a más de 44 millones de compatriotas. La mitad del país no acepta que haya impunidad para crímenes de lesa humanidad, que han causado multitudinaria indignación en contra de las Farc. La mitad del país no acepta que en la institución democrática que alberga a los elegidos por el pueblo para representarlo –el Congreso– se sienten de inmediato estos perpetradores de crímenes atroces, no por derecho propio, sino otorgado por el Gobierno sin que nadie los haya elegido.
En 2014, la mitad del país se pronunció en las urnas contra ese asalto a la democracia. Otro medio país estuvo a favor, pero aunque la victoria en las urnas dictamina un vencedor, no es una patente de corso ni puede desconocer las instituciones republicanas.
Colombia está peligrosamente fracturada por esa sordera gubernamental. Quienes hemos expresado diferencias hemos sido estigmatizados como amigos de la guerra por inconfesables intereses, y también perseguidos de múltiples formas. Colombia está partida en dos por culpa de una negociación mal encaminada, que hoy tiene al país frente a la incertidumbre total.
El pueblo decidirá, presionado por la propaganda oficial repitiendo el argumento extorsivo de que el SÍ es la paz y el NO es la guerra. El Acuerdo logrado no es “el mejor posible”. La victoria del NO abre el camino a la renegociación y a un Acuerdo viable, que permita la reincorporación digna de las Farc y la reunificación del país alrededor de la paz.
Nota bene. La salida del Procurador Ordóñez, muy conveniente para el SÍ, y otro síntoma de la fractura del país.
