La Corte Internacional de Justicia ha resuelto declarar que ella tiene jurisdicción para resolver acerca de las dos demandas que contra Colombia ha presentado Nicaragua.
Por supuesto, no compartimos y –por el contrario- hemos criticado la sentencia del 19 de noviembre de 2012, que despojó a Colombia de buena parte de sus aguas marítimas.
Pero la defensa de los intereses colombianos no fue la mejor. Durante el proceso, los argumentos jurídicos no fueron coherentes, y contra la sentencia no se recurrió. Solamente nos acordamos de denunciar el Pacto de Bogotá de 1948 mucho después del fallo, sin tener en cuenta que al tenor de sus cláusulas quedábamos sujetos a él por un año más.
La semana anterior -habiendo hecho presencia y presentado memoriales nuestros abogados-, no bien hubo terminado la lectura de los autos de admisión de las demandas, en que la Corte resolvió sobre su propia competencia -como hace cualquier juez-, el presidente de la República supuso que eso significaba un anticipo de la sentencia en contra y anunció que Colombia no comparecerá. Que se retira de los estrados. Que renuncia a su defensa procesal.
En esta ocasión no se dictó sentencia. Lo único que hizo la Corte fue asumir jurisdicción y competencia, al rechazar las excepciones de Colombia. Pero lo hizo inclusive con la disidencia de la mitad de los magistrados, luego no es lógico pronosticar que fallarán contra Colombia. La estrategia no puede consistir en declararnos derrotados desde ahora. Los procesos continuarán, estemos o no representados, y los magistrados no solamente querrán fallar sino que están obligados a resolver acerca de las cuestiones planteadas. Se decidirá sobre el fondo, y como no habrá comparecencia de Colombia -lo que, a mi juicio, equivale a que Colombia se allana a las pretensiones de Nicaragua-, lo que obrará en los expedientes y lo que se tendrá por cierto y verdadero será lo que presente Nicaragua. En otros términos, vamos a perder los pleitos.
Lo indicado es participar en los procesos; esgrimir los argumentos y pruebas a favor de la posición colombiana; controvertir las tesis nicaragüenses: objetar sus pruebas; proponer nulidades; alegar…En fin, lo menos indicado es entregarnos sin defendernos; permitir que se tenga por cierto lo que alega Nicaragua; para después quejarnos de la sentencia adversa y no cumplirla, acudiendo a un mal entendido patriotismo y perdiendo credibilidad ante la comunidad internacional. Arriesgándonos a la imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual, por paradoja, acudimos para que verifique cumplimiento de los acuerdos de paz.
Puede ser explicable desde el punto de vista mediático la reacción presidencial y compartimos el sentimiento general de no querer que perdamos ni un solo centímetro de territorio colombiano. Pero, desde el punto de vista jurídico, el camino escogido, al declarar que Colombia no comparecerá al proceso ante la Corte, es equivocado. La no comparecencia no evita el fallo, ni inhibe a la Corte para fallar.
Es verdad que Colombia no es parte en la Convención Internacional sobre Derecho del Mar. Pero eso se alega en el proceso, no por fuera de él.
Se equivoca el Gobierno al decir que la Corte Internacional de Justicia es “un tercero”. No lo es. Es un tribunal internacional; dictará sentencia, y las sentencias que profiera obligarán a las partes.
Por último, recordemos que, según el artículo 9 de la Constitución, las relaciones internacionales de Colombia se fundamentan en la soberanía nacional pero también en el respeto a los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.
