Desgobierno

Miércoles, 26 de Mayo de 2021
Todo se resume en un desgobierno sin antecedentes.

Casi un mes desde la primera marcha de protesta, convocada inicialmente para rechazar un proyecto de reforma tributaria, la situación se ha ido agravando día a día hasta extremos inimaginables, y hoy tenemos una grave crisis caracterizada por excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos -muertos, heridos, desaparecidos, capturas sin orden judicial y hasta casos de violencia sexual-, vandalismo, bloqueos y civiles armados, todo lo cual se suma a las más altas cifras de contagios y fallecimientos por COVID.

La situación merece análisis objetivo. Se han cometido errores inocultables de tirios y troyanos, que sin duda han contribuido a generar un gran desorden:

-El presidente de la República habría podido evitar la prolongación de las protestas si se hubiera abstenido de insistir en una iniciativa tributaria carente de apoyo popular y político, pero esperó a que hubiera violencia, muertos y desaparecidos, y solamente entonces ordenó el retiro del proyecto. Muy tarde, cuando ya en las calles se agregaban nuevos motivos de protesta.

-Por otra parte, lejos de impartir órdenes precisas a la Policía para evitar excesos y disponer que se abstuvieran de usar armas de fuego contra manifestantes -como lo dispuso el Decreto 3 de 2021-, el presidente resolvió militarizar las ciudades. Y, entonces, se desencadenó una alarmante violencia policial, disparos indiscriminados contra protestantes y no protestantes, y privaciones ilícitas de libertad. Se han divulgado cifras diferentes de muertos, heridos y desaparecidos durante las protestas, sin que los órganos de control hayan adelantado las investigaciones pertinentes, y sin que el Gobierno haya suministrado informes oficiales sobre tan grave situación.

-La protesta es un derecho fundamental, garantizado en la Constitución, pero -reiteramos- debe ser pacífica. No hay derechos absolutos. La violencia, el uso de la fuerza, el vandalismo, el ataque a los bienes públicos y privados, la destrucción de vehículos y centrales de transporte, la vulneración de los derechos de los demás y la ruptura del orden jurídico… son elementos que no hacen parte de las libertades de expresión, de reunión ni de protesta. Pero los bloqueos y obstrucciones de las vías públicas han sido permanentes en todo el territorio, y mediante ellos -que tampoco hacen parte del derecho a la protesta- se ha impedido en muchos casos la llegada de medicamentos, ambulancias, productos de primera necesidad, insumos y alimentos a su destino, causando enorme daño a las personas y al país, sin que los organizadores del paro los hayan desautorizado.

-Han proliferado informaciones falsas de uno y otro lado, incrementando la violencia y el caos.

-Voceros oficiales y organizadores del paro -que no representan a todos los marchantes- dilatan sin sentido el proceso de negociación, como si nada estuviera pasando.

-El Ejecutivo, por su parte, ha confundido la autoridad con la represión; no ha demostrado una genuina voluntad de diálogo; ha postergado decisiones que de todas maneras adopta tardíamente; ha designado como coordinador de negociaciones a un funcionario renunciante; no ha querido la presencia de la CIDH en el país y -desconectado de la realidad- ha preferido hablar a los colombianos en inglés sobre las elecciones de 2022.