Los once millones de votos de ciudadanos colombianos en el plebiscito de 2018 contra la corrupción deja en evidencia el repudio contra las prácticas tramposas.
No es una exageración decir que Colombia se encuentra entre los países, con más alto nivel de corrupción en el mundo. El tejido es extendido y de puntadas ajustadas. En algunas anotaciones reveladoras esa desmedida situación se ha retratado en términos patéticos diciendo que “donde se toque sale pus”. Esa percepción está generalizada entre los colombianos y los mismos dirigentes que tienen posición pasiva frente al arraigado mal lo admiten aun con su silencio.
Los once millones de votos de ciudadanos colombianos en el plebiscito de 2018 contra la corrupción deja en evidencia el repudio contra las prácticas tramposas que se han vuelto recurrentes en diferentes instancias del sector oficial.
Pero mientras ese rechazo se expresa popularmente en el Congreso predomina la indiferencia frente a las conductas repudiables de servidores públicos y en el Ejecutivo la complicidad ejerce su función de encubrimiento para proteger a unos burócratas viciados de picardía.
Episodios como los del “Cartel de la toga” en la Corte Suprema de Justicia, los desgreños consumados en el suministro de la alimentación escolar, los raponazos en compras oficiales en diferentes entidades, incluidos los militares y la Policía, las alianzas encubiertas con narcotraficantes reconocidos, la adulteración o falsificación de documentos para apoderarse de tierras y otros bienes, el amparo a las operaciones criminales de narcotraficantes y un largo etcétera en otras acciones descompuestas se han vuelto corrientes o recurrentes y no se advierte ninguna gestión de parte del gobierno, en su más alta esfera, tendiente a frenar semejante desbordamiento de impudicia administrativa.
Contrariamente a lo que tenía que asumirse, estallan nuevos escándalos por hechos de corrupción. Y allí está ardiendo la contratación del Ministerio de las Tic para la conexión de las zonas rurales al sistema de internet. En esa operación se están perdiendo $ 70 mil millones y la titular de la cartera, Karen Abudinen se defiende con la distorsión de la realidad de cuanto ha ocurrido.
Este engranaje de la corrupción tiene efectos bien negativos para el país. No solamente representa una defraudación cuantiosa, sino que sirve de caldo de cultivo a las conductas que degradan la llamada institucionalidad. A los 50 o más billones que representa el costo de la corrupción, se agrega la profundización de una crisis de autoridad, en perjuicio de la democracia y de la estabilidad que debiera tener la nación en su manejo. Estabilidad que se ve diezmada y expone el país a un colapso de enormes proporciones. Es un asunto que se debe tomar en cuenta en esta etapa de decisión electoral.
Puntada
Deja cierta desolación la muerte de Mario Gareña. Fue un artista a plenitud. Su melodiosa voz está cargada de expresiones humanas de la vida. Todo un legado musical siempre vigente. Las nuevas generaciones podrán asimilar su fluido testimonio existencial, donde encontrarán estética, verdad, pasión, amor y camino.
