Está al rojo vivo la discusión sobre la refrendación de los acuerdos de La Habana y aunque no tengo idea de jurisprudencia, considero que ella debe soportarse sobre una base racional, aunque varios buenos abogados me han dicho que eso en Colombia no se cumple.
Lo primero que me desconcierta es que en realidad no puede haber un proceso de paz donde haya un empate entre los oponentes.
La guerra no es un juego de suma cero y por eso debe haber una estructura legal sobre la cual basar lo acordado. Usualmente es sobre la base legal de vencedor, con la aceptación del perdedor.
Dos concepciones opuestas no pueden tener el mismo valor moral en una negociación, pues eso llevaría a que ninguna es válida.
Sustentan el equilibrio en que las Farc no fueron derrotadas, sino sólo golpeadas fuertemente, eliminando cualquier riesgo que las Farc amenazaran la estabilidad del Estado.
¿Porqué aceptar equivalencia de fuerzas en este esquema?. ¿En nombre del bien superior de la paz? ¿Cómo garantizar sostenibilidad en la paz? La claridad conceptual es un primer requisito de una estabilidad de lo acordado.
Las Farc no han reconocido nunca la legitimidad del estado colombiano, y mucho menos, eso creemos, el estado colombiano reconoce la “jurisprudencia fariana”.
¿Entonces qué sistema legal aplica? ¿El derecho internacional humanitario en abstracto, sin sujeción a un sistema legal como lo exige el mismo DIH?
¿O la mesa de La Habana y sus acuerdos se convierten en un supraestado y poder constituyente superior? ¿Y si es así, quién le dio al presidente Santos esa condición?
¿O la tiene en nombre del bien superior de la paz? Si se acepta que el gobierno debe estar ceñido a la legalidad del estado colombiano, en tal sentido los acuerdos que logren también, y por ende, las Farc se plegarían a este.
¿Si no, lo que hace Santos es un golpe de estado?
El gobierno, en la concepción de validez plena de la legalidad colombiana, pasó un plebiscito vinculante, para decidir si se acepta que el estado incorpore constitucionalmente los acuerdos de la mesa de La Habana, pero el plebiscito es para aceptar o rechazar decisiones de gobierno, no modificaciones constitucionales.
Además redujo el porcentaje de validación, lo cual no parece muy constitucional, todo en el bien supremo de la paz.
Las Farc no lo aceptan pues dicen que el punto 6 del acuerdo la refrendación es consensuada y piden constituyente, para desarrollar el estado con base en los acuerdos.
Como decía Chávez acabar con la moribunda constitución del 91 y ya sabemos cómo termina. El plebiscito se convirtió en una intentona formal de que el presidente cumpla su promesa, la cual parece tampoco va a lograr.
El gobierno no quiere referendo, mecanismo que tampoco aceptan las Farc, porque la ciudadanía puede votar en contra de lo que quiere en la mesa de La Habana. Como decía alguien, la democracia es buena mientras no sea participativa.
El gobierno tiene miedo del constituyente primario y está buscando juristas creativos, que en Colombia parecen epidemia, para adaptar la legalidad colombiana al bien superior de la paz.
Pero lo que pide las Farc tampoco parece racional. Como vimos en el 91, una asamblea constituyente, como representación del pueblo es el constituyente primario y puede decidir legislar como quiera, incluyendo no aceptar los acuerdos de la mesa de La Habana. Si ello no fuera posible, y los acuerdos se vuelven inamovibles, entonces el constituyente primario desaparece, superado por la mesa de La Habana.
Pero como el gobierno está enredado, puede echar para atrás la refrendación prometida (no sería la primera vez que Santos incumple su palabra, pues es una personalidad “cambiante”) con el argumento que ello ya se dio con la elección presidencial.
El argumento sería que como Santos ganó la elección con su promesa de paz, por menos del 50% del censo electoral, al ser electo eso refrendaba cualquier proceso en nombre del valor superior de la paz.
Eso validaría el concepto que al ser electo presidente, el 100% del país acepta a Santos como “cuerpo cierto” en lo referente a la paz. Los vicios internos, como en cualquier negocio, los asume el comprador, es decir, la ciudadanía.
Lo que mal empieza, mal termina. La historia, el gran juez, dará veredicto sobre si el “bien supremo de la paz” era un axioma válido para un mejor país, o sólo una justificación para manejar la soberbia de un gobernante. La segunda guerra mundial, tiene su mecanismo de disparo, en el acuerdo de paz de Versalles de la primera guerra mundial.
La guerra, como toda asimetría, se repite es por tratados de paz mal hechos. Un abogado que participó en el tribunal militar internacional de Nuremberg (Recuerdos del proceso de Nuremberg, Jacques Bernard Herzog), escribió que “las estadísticas de la historia nos enseñan que desde 1496 A. C. hasta 1945, es decir, durante 3441 años… cerca de nueve mil tratados de alianza han sido pactados… cada uno de ellos debía ser eterno; no han durado, por término medio, sino dos años”.
Tantos saltos mortales políticos y legales hacen que los fundamentalismos reemplacen lo racional y nos lleva a un laberinto de contradicciones.
