El 20 de marzo de 2008 la Agencia de Prensa Rural publicó una nota periodística en la que relataba el caso de un campesino de la vereda Costa Rica del municipio de Teorama. Allí se dijo que integrantes del ejército allanaron su vivienda y lo detuvieron.
El campesino se llamaba José del Carmen Durán Téllez, se lo llevaron capturado de su casa y un día después fue reportado como asesinado en combate. Tenía 33 años y tres hijos. Seis meses después, el 25 de septiembre de ese año, el portal Verdad Abierta publicó una noticia sobre la desaparición de unos jóvenes de Soacha.
Allí se hacía referencia a hechos que hasta ese momento eran “confusos”, pues se empezaban a conocer casos de personas que desaparecían de ciudades del centro del país, resultaban muertas en Ocaña, eran sepultadas en fosas comunes como N.N. y reportados como muertos en combate.
Los casos de José del Carmen y de los jóvenes de Soacha tienen una diferencia que se ha explicado dentro del “Caso 3: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado” que está juzgando la Jurisdicción Especial para la Paz.
Allí se reconoció que escogían a campesinos de la región y los hacían pasar como combatientes de un grupo armado. La razón era que debían responder a una política institucional en la que el éxito era medido en “bajas en combate”. Esa política institucional se ejercía por los superiores a través de presión e incentivos a quienes dieran “resultados”.
Cuando los campesinos del Catatumbo empezaron a denunciar casos como el de José del Carmen y diversas instituciones se percataron de que estaban haciendo pasar a vecinos de la región como personas muertas en combate, entró en vigor la segunda modalidad. Esta consistía en pagar un millón de pesos a una persona que se encargaba de ubicar a jóvenes pobres de otros lugares del país como Soacha, a quienes se les prometía trabajo y se les compraban pasajes para que pudieran trasladarse hasta el Catatumbo.
Estando allí se simulaba un combate y eran asesinados. La finalidad de traer personas pobres de otras ciudades del país era evitar que tuvieran familiares en la región que reclamaran su inocencia. Así fue el caso de Elkin Gustavo Verano Hernández, hijo de Flor Hilda Hernández, una de las madres de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados.
La semana pasada, el 26 y 27 de abril, un grupo de diez militares retirados y un civil reconocieron ante las víctimas su responsabilidad en la muerte y desaparición de sus familiares. La audiencia se llevó a cabo en Ocaña y constituye la primera aceptación pública de cargos en la Jurisdicción Especial para la Paz.
El video completo de la audiencia está disponible en las redes sociales y es un documento de consulta inevitable para quiénes desconocen qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y cuáles son sus funciones. Es un retrato doloroso de la historia reciente del país al que debemos acudir para entender que las víctimas tienen un nombre y una familia, que no son un número en una tabla estadística y que sus historias deben contarse para evitar que el olvido y la violencia repitan estas atrocidades.
