No cabe la menor duda que el anuncio desde La Habana, sobre el acuerdo para poner fin a las hostilidades (llámese cese bilateral), en una guerra que ha sacrificado tanto en este país por más de medio siglo, es una buena noticia para todos los colombianos, incluidos los que no hemos estado de acuerdo con las concesiones otorgadas a la guerrilla de las Farc.
Y no puede ser una mala noticia que finalmente las Farc se hayan terminado por comprometer a abandonar la lucha armada y a entregar de manera real las armas con las que han asesinado a tantos militares y civiles, obviamente a cambio de una serie de concesiones por parte del gobierno de Santos a nombre del Estado colombiano de derecho que nos rige, con audaces movidas políticas y legislativas que han terminado por convencer a un grupo terco, mentiroso y terrorista, que este es el mejor camino para incorporarse a la vida civil, sin tanto riesgo para sus integrantes.
Llegó la hora pues, de que los colombianos leamos con juicio y convicción toda la letra menuda de estos acuerdos, para que podamos emitir un juicio favorable o no a lo pactado, y podamos votar en conciencia, un plebiscito que, ya tiene ponencia positiva en la Corte Constitucional y que se espera sea declarado exequible. Solo una vez que esto ocurra como lo ha reiterado una y mil veces el presidente, se acogerá legalmente lo pactado, lo aprobado en el congreso para implementar lo pactado, y llevar a cabo a futuro esa enorme responsabilidad que le queda al Tribunal Especial para la Justicia Transicional, donde se juzgarán y se impondrán las penas correspondientes a los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad que han padecido decenas de miles de víctimas de esta guerra.
Esta vez no hay escape ni disculpa que valga para los integrantes de la guerrilla que firmarán este acuerdo, pues los ojos de toda la comunidad internacional por los próximos años estarán puestos en nuestro país. Desde la ONU, los Estados Unidos, hasta la Comunidad Europea, Latinoamérica y sin ninguna duda la Corte Penal Internacional (CPI). Esta última es, sin lugar a equivocarme, la más importante, pues de que se haya pactado una Justicia verdaderamente restaurativa y que cumpla con todas las condiciones que la CPI espera en delitos atroces respecto al resarcimiento de las víctimas, dependerá que más adelante no haya demandas y nuevas inconsistencias que echen al traste con todo lo desarrollado hasta ahora. Vale la pena en este punto dar un margen de espera y credibilidad a las partes, en el ánimo de que hayan atendido las numerosas recomendaciones que hicieron voces indiscutibles como Human Rigth Watch (HRW), Amnistía Internacional para subsanar lo que se apreciaba como impunidad intolerable para los estándares internacionales.
Histórico es pues este acontecimiento, pues no tiene antecedentes en la región y en nuestro país, salvo por procesos previos con otros grupos como el M19, que quedaron cojos en muchas instancias, y aun generan demandas y procesos que parecen irresueltos. Sin embargo, lo que desde mi punto de vista no se ve nada bien, es la invitación (o será auto invitación), del señor Maduro a fungir como testigo junto a demócratas del continente como la Presidenta Bachelet, de un show mediático tan importante. Es poco menos que insultante para la vapuleada Venezuela y sus millones de habitantes sometidos a un régimen despreciable y tiránico, que Colombia permita su presencia y le insufle aire a un gobierno violador de los derechos humanos, y nos constituyamos en cómplices alcahuetas del sufrimiento de ese pueblo como lo expresó recientemente el señor Barguil, presidente del partido Conservador, miembro de la coalición de gobierno. Siempre hay algo que en todo este proceso que se nos queda debiendo al pueblo colombiano.
