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El puente de la discordia

Sábado, 20 de Febrero de 2016
uién se iba a imaginar que la obra que serviría de descongestión vehicular en la Ciudadela de Atalaya sufriría un infarto.

Quién se iba a imaginar que la obra que serviría de descongestión vehicular en la Ciudadela de Atalaya sufriría un infarto y pienso que de carácter mortal. En el mes de noviembre de 2013 se conoció la noticia y un año más tarde hizo su aparición en el Portal de Contratación Pública la obra: “Construcción intersección vial avenida las Américas - Autopista Atalaya, municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”.

Conocí de primera mano las dificultades que se surtieron previo al inicio de las obras y fue el mismo exgobernador Díaz, que realizó la socialización del proyecto como quiera que la comunidad alegaba futuras pérdidas económicas derivadas de la ubicación de la estructura, sin embargo la obra avanzó luego de muchos bombos y platillos.

La obra es muy necesaria y eso no se discute pero hay pequeños detalles que sin ser Juez de la República, parecen que cobran especial importancia y además porque los expertos de la Aeronáutica Civil, difícilmente reversarán lo que decidieron el 18 de diciembre de 2015 mediante la Resolución 3510, en la que cita entre otros artículos del Código de Comercio artículos 1823 y 1824: “….no se podrán levantar construcciones o plantaciones sin permiso de la autoridad aeronáutica.”

Es probable que la experiencia de tan importantes constructores dejó por fuera un detalle documental que se consignó muy sutilmente en los Estudios Previos elaborados en la Gobernación y de los mismos pliegos definitivos que anotaron: “…. previo al inicio de las obras objeto del presente proceso de contratación, los permisos, tramites, licencias, y autorizaciones requeridas en materia predial, social, y ambiental, deberá ser tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del Contratista”, y si a lo anterior le sumamos una confusión entre el espacio público y el espacio aéreo pues entonces, apaguemos la luz como se dice coloquialmente porque muy lamentablemente el estudio presentado por los contratistas para lograr el anhelado permiso no convenció a los expertos aeronáuticos.

Entonces aparentemente hay presuntos “pecadillos” por parte de funcionarios de la gobernación de la pasada administración al dejar exageramente amplio el fondo del estudio previo y no advertir dicha situación a los contratistas, quien a su vez se les pasó por alto que el espacio público es diferente al espacio aéreo por aquello de los oportunos trámites de permisos, el interventor de la obra que previo al inicio de las mismas debió exigir el respectivo permiso, tal y como reza la norma  y a los funcionarios de la Aerocivil que pasados varios meses de avance de las obras, activaron las alarmas de peligro para las aeronaves y por eso así se armen todos los frentes comunes cuyo objeto sea la continuación de las obras y sin ser pesimista, siempre existirán los mismos perdedores de siempre: la ciudadanía.

El Procurador Regional, Juan Carlos Bautista se pronunció preventivamente respecto a la decisión adoptada por la Aeronáutica Civil y de inmediato llovieron rayos y centellas, situación que da paso un choque de trenes en los que la parte técnica debe estar por encima de los errores que muchas veces los llaman “acoso político” y en esto no veo nada de eso y en cambio una seria advertencia de la entidad responsable de velar por la seguridad aérea.