Como es natural, cuando estamos a menos de un año de las próximas elecciones, se ha desatado una abundante futurología sobre las candidaturas presidenciales. Suenan nombres a diestra y siniestra, y se expone toda clase de teorías sobre los probables éxitos o fracasos de los han salido a la luz pública como aspirantes.
Nada fácil resulta hacer pronósticos electorales cuando apenas se están sugiriendo mecanismos para la escogencia de candidatos, y todavía no hay pronunciamientos definitivos de los grandes partidos. Faltan elementos de juicio.
Se podrían, sí, examinar algunas ideas sobre las tendencias que prevalecen en la opinión pública, y que determinen su conducta en el momento de votar.
Hay que partir del momento que vivimos. Estos últimos meses han puesto en evidencia que las instituciones nacionales se han debilitado de manera peligrosa como consecuencia de una sistemática acción de grupos políticos a los que les interesa sembrar el caos para ofrecer soluciones populistas.
Es el caso del desprestigio que han logrado de la Policía Nacional, a la que se le viene atacando durante años para restarle capacidad en el ejercicio de sus funciones. Es francamente doloroso ver a los policiales arrinconados mental y físicamente e imposibilitados para cumplir el deber de proteger la vida honra y bienes de los ciudadanos.
Los alcaldes de muchos municipios de provincia están cercados por estructuras criminales que de manera directa o indirecta condicionan el ejercicio de su autoridad.
La administración de justicia tiene en Colombia serios cuestionamientos por su inoperancia en muchos casos, y la penetración de la corrupción en los despachos, lo que conduce a niveles impresionantes de impunidad.
En forma constante se aprueban leyes, se dictan sentencias y se hacen pronunciamientos jurisprudenciales con los cuales se dificulta la defensa de los miembros de las fuerzas militares en lo concerniente a sus actuaciones legítimas. Hoy en día, los militares actúan con un justo temor de ser enjuiciados y encarcelados por sus actos de servicio, lo que, naturalmente, les resta combatividad.
Se podrían traer más ejemplos de la debilidad institucional que está padeciendo Colombia para asegurar que el ciudadano de bien se encuentra cada vez más desprotegido, porque el ejercicio de sus derechos se hace difícil y las autoridades se ven limitadas por normas restrictivas en las que se imponen las garantías para los infractores, frente a la debilidad para amparar al ciudadano que cumple las leyes.
En vez de ensayar el arriesgado pronóstico de los nombres que pueden disputarse la Presidencia de la República paso a indicar cuál es la tendencia que puede surgir en la ciudadanía para decidirse por los líderes que satisfagan sus aspiraciones.
No dudo en asegurar que los colombianos van a optar por quienes ofrezcan ponerle orden a país; por quienes expongan programas de gobierno definidos sobre la forma de enderezar la economía y de ponerle freno a la delincuencia, pero no con las ideas generales de siempre sino con acciones precisas y posibles.
No se trata de seguir con la cantaleta de criticar a la derecha o la izquierda para confundir al votante, sino de ofrecer seguridad, sometimiento a la ley, orden y equidad.
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