Hace dos semanas, tras el equívoco anuncio presidencial sobre la posible convocatoria de un “congresito” para avalar los acuerdos de paz de La Habana, se anunció que en realidad no se trataba de sustituir al Congreso en esa materia sino de conformar mediante acto legislativo una comisión legislativa especial para implementar tales acuerdos.
Y se dijo entonces, por los voceros de los partidos afines al gobierno, que, entre ellos, se había llegado a unos acuerdos fundamentales y que se presentaría de inmediato al Congreso un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución.
Hasta ahora, pese a lo divulgado el lunes por varios medios de comunicación, no hay nada escrito. Ningún proyecto de reforma formalmente presentado.
Y tampoco hay claridad sobre lo que el Ejecutivo quiere al respecto. Unos acuerdos que, por otro lado, se anuncian como próximos pero se ignora cuándo podrían ser adoptados, después de tres años de negociaciones en Cuba.
Es necesario definir:
-Si el Gobierno y los delegados de las Farc están dispuestos a someter a la consideración del pueblo colombiano -como corresponde a una democracia y en algo tan trascendental para el futuro del país- el contenido de lo que se acuerde en la mesa de negociaciones de La Habana;
-Si para los fines de la refrendación de tales acuerdos y para la expedición de las normas jurídicas que surjan de ellos -bien que se trate de disposiciones constitucionales o de leyes- habremos de ceñirnos a la Constitución de 1991 o si se quiere actuar por fuera de sus reglas, lo que de ninguna manera podríamos apoyar;
-Si la comisión en la que se está pensando sustituirá o no al Congreso en el ejercicio de su función como legislador y como poder de reforma;
-En el proyecto de acto legislativo que será presentado, habrá que establecer con claridad el objeto de dicha comisión y su integración.
La verdad es que, según se dijo esta semana, se ha descartado la convocatoria de una asamblea constituyente y también la de un referendo. Al parecer se trata de configurar una comisión mixta, entre delegados del Estado e integrantes provenientes de las Farc designados “a dedo” por el Presidente de la República, para aprobar las normas constitucionales o legales que deban ser expedidas en cumplimiento de los acuerdos de paz.
Entonces, a pesar de lo dicho oficialmente, esa comisión sí sustituiría al Congreso elegido por el pueblo. Y, si va a poder reformar la Constitución y estaría compuesta por unos delegados gubernamentales y de la guerrilla, sería una constituyente, aunque le den otro nombre. Una constituyente no prevista en la actual Carta Política y que trastocaría todo el ordenamiento jurídico en vigor, sin ser convocada ni elegida por el pueblo. Grave asunto, para pensarlo dos o tres veces.
Falta claridad.
