El presidente Iván Duque fue elegido con el aval del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero en ese proceso también se mezclaron una serie de circunstancias que debieron esclarecerse para evitar las dudas de legitimidad surgidas tras las versiones sobre las andanzas perniciosas del “Ñeñe” Hernández.
Duque llega la Presidencia, claro está, con su programa y recibe respaldo de diez millones de ciudadanos, lo cual tenía que llevarlo a tomar en cuenta soluciones prioritarias para la nación.
También tenía condiciones positivas para su gestión por el acuerdo de paz con las Farc consolidado en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Transcurridos tres años del período de Duque el balance de su gobierno es precario. Los problemas se han agudizado, pero no solamente por la pandemia del Coronavirus sino por la falta de decisión para aplicar soluciones serias a los problemas que agobian a la mayoría de los colombianos. Sin embargo, se hace alarde del asistencialismo con que se pretende mitigar la angustia colectiva, lo cual no pasa de ser paños de agua tibia para un paciente en estado crítico. La realidad que sacude a Colombia no se toma en cuenta, lo cual explica que el Presidente y sus ministros sesguen la interpretación de los hechos que configuran emergencia.
La acumulación de tantos problemas y la subestimación de los mismos es lo que ha rebosado la copa. Es la inconformidad que está expresada en el paro nacional y en las movilizaciones de la protesta social. Es la juventud la que no encuentra espacios para trabajar o estudiar. Son los trabajadores informales con tantas incertidumbres a cuesta. Son los colombianos, en general, acosados por las necesidades insatisfechas. Y sumado a esto, la corrupción, la violencia sistemática, los suntuarios gastos oficiales y los recortes a la democracia a través de la multiplicación de los cargos oficiales para repartirlos en la feria clientelista en marcha.
El gobierno, en vez de dedicarse a atender las soluciones que no dan más espera se va por el camino de la provocación con la propuesta de una reforma tributaria ofensiva, lo cual tuvo que reconocer y retirar semejante engendro.
Lo más grave en todo este despelote es que el gobierno se niega a reconocer su responsabilidad en el rumbo del país. Con su espejo retrovisor pone las culpas en cabeza de su antecesor Juan Manuel Santos. O los males los descarga en el paro y en las marchas de protesta. Es decir, el gobierno no gobierna y es vergonzante de sí mismo.
Y otra de las calamidades que le caben al Gobierno es la represión que ejerce contra quienes expresan sus inconformidades, lo cual es una grave señal antidemocrática.
El gobierno debe asumir sus responsabilidades y reconocer que no ha estado a la altura de lo que debe ser el Estado colombiano.
Puntada
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