El alcalde de Cúcuta, César Rojas y su grupo de colaboradores han conocido entre otros, un sinnúmero de problemas heredados de pasadas administraciones, entre los cuales se encuentra la compuesta por los conductores de servicio público individual tipo taxi, llamada en el territorio nacional la mancha amarilla y en nuestra ciudad un grupo de conductores con sanas intenciones, se han denominado: los caballeros amarillos.
Lo cierto es que se necesita un curso de siquiatría avanzado para entenderlos, puesto que cuando el alcalde Rojas derogó el decreto del controvertido “pico y placa”, salieron inmediatamente por las redes y demás medios de comunicación a exigir “Pico y placa, Ya”. Es probable que ellos mismos se hubiesen dado cuenta que la oferta del servicio es muy superior a la demanda; de ahí que poco a poco han venido invadiendo calles y avenidas, porque no se puede llamar de otra forma el hecho de estacionar taxis en el sitio que a su modo ofrezca oportunidades de cliente, con la excusa que son asociaciones y que tienen un permiso para tal fin.
Lo de las asociaciones no se discute en cuanto a su conformación, pero en lo que tiene que ver con usurpar un espacio de todos no es justo con la ciudad. Es un abuso. Con respecto al permiso, el último secretario de Tránsito que tuvo la administración de Donamaris, se le ocurrió la descabellada idea de suscribir permisos que a todas luces violan las normas legales, no solo por su forma sino por su fondo, situación que debe corregir el doctor José Luis Duarte Contreras, en su calidad de secretario de despacho responsable de la movilidad, porque de lo contrario no se escapará vía alguna como objetivo de los taxis.
No tengo nada en contra de las personas que tienen esta forma de subsistencia, pero llama poderosamente la atención que sean ellos mismos los que exijan medidas para mitigar el exagerado volumen de este tipo de servicio, evidenciado en el ingreso del parque automotor para el servicio público, el cual se encuentra muy probablemente desbordado frente a una verdadera necesidad, hoy un poco más agravada por la situación de cierre parcial fronterizo.
Está demostrado que el servicio público cuando quiere ser ordenado da claras muestras de ello y por eso deberían demostrar con hechos la responsabilidad que les asiste al tomar vías públicas sin que medie un acto administrativo, aspecto que no solo causa molestias a los demás ciudadanos sino que genera reacciones adversas en la autoridad de tránsito.
