Mediante el Decreto Municipal 0698 de 2016, el alcalde de Cúcuta estableció una serie de restricciones que apuntan a reducir los altos índices de accidentalidad e inseguridad de nuestra ciudad. En su articulado contempló: “Prohibir durante las 24 horas del día, la conducción o el acompañamiento como parrillero de mujer en estado de embarazo y niños menores de 10 años, o que no alcancen a apoyar los pies en la motocicleta”.
Basta pararse unos minutos a la entrada de un Instituto Prestador de Salud (IPS), para evidenciar el inmenso grupo de mujeres en estado de gestación avanzada que llegan no solo como parrilleras sino como conductoras de motocicleta, contraviniendo la citada norma y aún más, poniendo en riesgo su integridad y restándole posibilidades a una nueva vida.
También se aprecian a muy tempranas horas, personas que transportan a sus hijos en total estado de somnolencia a los diferentes planteles educativos, muchos de ellos infringiendo casi todas las señales de tránsito, porque para ellos, lo único importante es llegar así tengan que devolverse en contravía ante la presencia de controles operativos por parte de la Secretaría de Tránsito con el apoyo de la Policía Nacional, responsable de la parte operativa de la movilidad.
Esos infractores son los que deben ser doblemente sancionados; primero por violar una norma municipal y segundo por atentar contra la vida de un menor. En ese orden de ideas, considero que el apoyo del ICBF es fundamental, habida cuenta que se trata de un riesgo que se debe evitar con base en su misión institucional y por eso, algunos operativos debieran tener ese acompañamiento. No basta con aplicar un comparendo sino iniciar un serio proceso administrativo por parte de la reconocida y seria institución protectora de la familia.
Es posible que en estos momentos el ICBF no posea la capacidad operativa suficiente para atender la problemática, pero en caso de iniciarse, bastarían unos pocos ejemplos para que el resto de irresponsables entiendan que los menores son de protección permanente y que las excusas ridículas para evitar la sanción, no deben ser tenidas en cuenta por los uniformados.
Con respecto a las gestantes, el operativo debe diseñarse muy cerca a las IPS de tal manera que las respectivas autoridades inicien campañas educativas tendientes a señalar no solo las sanciones sino la evidente violación a los derechos de los menores, aún en estado gestante.
La Policía de Tránsito debe continuar la tarea propuesta por el actual Secretario de Tránsito y sin contemplaciones, sancionar ese irresponsable sobrecupo, muchas veces compuesto por conductor de motocicleta y tres menores. Solamente en el mes de agosto, se aplicaron ciento cincuenta y dos comparendos por esa irregularidad.
