Esta semana comienza un nuevo periodo de sesiones del Congreso y las expectativas se centran en el proyecto de reforma tributaria que desde hace meses anuncia el gobierno. No hay duda que ante la magnitud de la crisis generada por la pandemia, es necesario aumentar el recaudo del estado para frenar el crecimiento de la deuda y el déficit fiscal, con las consecuencias que tiene sobre la marcha de la economía. La discusión no es entonces si se requiere una nueva reforma tributaria, sino cual debe ser la orientación de la iniciativa.
Cuando cumplimos un año de la llegada del COVID 19 a Colombia el balance no puede ser más desalentador. Somos el décimo país del mundo con mayor número de contagios, solo superados en el vecindario por Brasil y México que nos doblan en población. Más de 60.000 fallecidos por la pandemia nos ubican en el poco honroso undécimo lugar en hogares que perdieron sus familiares.
La caída de la economía fue la más severa entre las grandes naciones de la región y con más del 17% de desempleo sufrimos la tasa más alta de desocupados del continente. Mientras tanto, el proceso de vacunación aún no se puede calificar de “masivo”, pues vamos muy lentos cuando nos comparamos con Chile, Brasil o Argentina y ello nos impide una reactivación rápida y segura del país en el 2021. En síntesis, el daño ocasionado por la pandemia es enorme y la acción del gobierno para enfrentarla en términos de salud pública y atención social es mediocre, si nos atenemos a las cifras objetivas.
Con este panorama que implica un retroceso de más de una década en materia social, frente a los avances de inicios de siglo en lucha contra la pobreza y la desigualdad, se anuncia esta reforma tributaria en la recta final del gobierno Duque. Sería absurdo que se busque el aumento del recaudo con la ampliación del IVA del 19% a los productos de la canasta familiar que hoy tienen 0%, porque además de injusto es recesivo. Los propios expertos internacionales han recomendado que la reforma sea gradual y sus efectos diferidos en 4 o 5 años para evitar un choque muy severo a la economía.
Estudios de académicos como Luis Jorge Garay señalan que, en caso de aplicarse esta fórmula, más del 20% de los colombianos que hoy están en la clase media caerían a la condición de vulnerables e igual proporción de estos entrarían a ser pobres. Mientras la pobreza extrema aumentaría en las mismas proporciones y los niveles de desigualdad, ya bien dramáticos, empeorarían. Hay que proteger a esos millones de hogares que se afectarían en forma grave y la reforma entonces debe concentrarse en eliminar la gran cantidad de exenciones injustificadas a personas jurídicas, así como los beneficios en renta y patrimonio a personas naturales con altos ingresos. Con la coyuntura de crisis de la pandemia llegó el momento de sincerar las tasas de tributación en Colombia, que esconden grandes inequidades.
Estas semanas serán decisivas para la tributaria. El IVA a la canasta familiar es insostenible desde el punto de vista económico, social, ético y político. Confiamos en que el gobierno recapacite y comprenda qué hay otros caminos, además de la eliminación de exenciones, como impuestos a las bebidas azucaradas o al carbono. Ojalá opte por ellos para evitar que se agudice la crisis social que vivimos con el aumento de la pobreza, el desempleo y la informalidad y un tercio de la población que ya no puede garantizar sus tres comidas al día.
El Congreso regresa de tres meses de vacaciones muy bien pagas, el gobierno no quiso eliminar los gastos de representación injustificados de los parlamentarios y sería el colmo del descaro que sigan sesionando virtualmente y claven a los pobres de Colombia con el IVA a los huevos, la papa y el arroz.....por zoom.
