La investigación y denuncia pública de la Defensoría del Pueblo –Delegada para los Derechos de la Niñez y Defensorías Regionales- acerca de la forma criminal en que contratistas del Estado suministran los “alimentos” a los niños en 13 municipios de La Guajira, Atlántico y Chocó, debe llevar no solamente a las medidas de carácter administrativo contractual -pues se trata de flagrante incumplimiento-, sino especialmente al procedimiento de control fiscal -en lo que corresponde a la Contraloría General- y a la investigación penal por parte de la Fiscalía, ya que los varios delitos que allí pueden haberse cometido no deben quedar impunes.
En efecto, según concluyó la Defensoría, se evidenciaron serias irregularidades en el funcionamiento de los programas de alimentación escolar y asistencia a los niños y adolescentes que pertenecen a las instituciones educativas de los municipios examinados. Se estableció una clara y evidente transgresión de la normatividad sanitaria para la conservación de comestibles, y se detectó la más absoluta ausencia de garantías en cuanto a la necesaria seguridad en la preparación, conservación y distribución de los alimentos, muchos de los cuales, de acuerdo con los investigadores, son manipulados de modo anti higiénico y algunos de ellos están contaminados; deben ser consumidos por los menores con cubiertos oxidados y en sucios recipientes, en instalaciones inapropiadas y muchas veces se ven forzados a comer en el suelo. Todo ello, en municipios como Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará.
Para el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, en esos municipios las autoridades locales están desviando los recursos que entrega el Gobierno Nacional para la alimentación de los niños y no están cumpliendo con la obligación de velar por su óptimo bienestar.
Queda en evidencia, una vez más, que los delincuentes de la contratación no tienen escrúpulos. Que no les importa si afectan y ponen en peligro valores tan preciados para la sociedad como la salud, la integridad personal, el desarrollo físico y hasta la vida de los menores, con tal de saquear las arcas estatales y quedarse con los recursos públicos.
Lo que ha descubierto la Defensoría en esta materia impresiona y es un timbre de alarma. Son hasta ahora trece municipios. ¿En cuántos más estará ocurriendo lo mismo? Algo tienen que hacer las autoridades en defensa de los niños, cuyos derechos, como lo señala nuestra Constitución, prevalecen sobre los derechos de los demás.
La Carta Política estipula: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. Agrega que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Ojalá estas alertas que nos ha entregado la Defensoría del Pueblo no se queden apenas en notas periodísticas transitorias y volátiles.
