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La CPI, la JEP y las víctimas

Domingo, 31 de Octubre de 2021
En el acuerdo suscrito, que cierra el examen preliminar a Colombia que se había abierto en 2004, el Gobierno reconoció el rango constitucional que tienen la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Hay que decirlo claro y alto: El acuerdo firmado esta semana por el Presidente Duque con el Fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en Colombia, es el tardío reconocimiento del gobierno nacional a la legitimidad del Sistema de Justicia Transicional acordado por el estado colombiano y la guerrilla de las Farc en el 2016,y aprobado por el Congreso de la República y la Corte Constitucional en el 2017. 

Si Duque hubiera respetado la institucionalidad desde el primer día de su gobierno y, más allá de sus posiciones políticas, se hubiera comprometido a cumplir con la implementación integral del acuerdo de paz como era su obligación, seguramente la situación del país y de su gobierno sería otra. Lamentablemente no fue así y solo con la actuación de la Fiscalía de la CPI se decidió a aceptar el ordenamiento jurídico nacional. En todo caso, más vale tarde que nunca.

En el acuerdo suscrito, que cierra el examen preliminar a Colombia que se había abierto desde el 2004, el gobierno nacional reconoció expresamente el rango constitucional que tienen la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se comprometió a evitar cualquier interferencia en sus funciones y asegurar el presupuesto necesario para el funcionamiento de las tres instituciones creadas por el Congreso para avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición.

Sin embargo, también queda claro que este cierre deja la puerta abierta para que en cualquier momento, ante el incumplimiento del acuerdo por parte del estado, la Fiscalía pueda intervenir, reabrir el examen e incluso presentar casos ante la Corte. Cabe señalar, además, que el examen preliminar que duró mas de 16 años fue muy positivo para las víctimas del conflicto, en la medida en que contribuyó a asegurar que el mismo acuerdo con las Farc se basara en la aceptación por parte de la guerrilla de un sistema de justicia transicional, y no como sucedió en Colombia a finales del siglo anterior,en aministías e indultos generalizados, en una ausencia total de justicia que no tuvo en cuenta los derechos de las víctimas.

Es importante también señalar que la tarea de la Fiscalía ante la CPI durante este largo periodo, permitió la consecución de valioso material probatorio sobre los miles de crímenes cometidos en Colombia por los distintos actores armados y agentes del estado, que son objeto del estatuto de Roma, así como la exigencia en forma permanente de standares internacionales de justicia y verdad para las víctimas. Sin duda su vigilancia permanente fue muy positiva para la protección de los derechos humanos en el país y la garantía de no impunidad frente a sus violaciones.

Ahora el gobierno Duque debe cumplir su parte y no quedarse en las celebraciones por una noticia que significa un gran espaldarazo al Acuerdo y a la JEP, que llevan tres años cuestionando y entorpeciendo. En el Congreso de la República cursan en la actualidad tres proyectos de reforma constitucional que buscan derogar la JEP o modificar aspectos sustanciales del Sistema de Justicia Transicional. Sus autores son todos destacados integrantes de su propio partido. Así como el gobierno impulsa con sus aliados parlamentarios adefesios como el desmonte de la Ley de Garantías por la puerta de atrás y violando en forma abierta la constitución, debería utilizar esa enorme influencia en el legislativo para solicitar a los congresistas del Centro Democrático que retiren esos amenazantes proyectos y de una vez por todas dejen trabajar en paz a la JEP, para que muy pronto comiencen a dar los resultados y a imponer sanciones ejemplarizantes a los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante nuestro largo y doloroso conflicto.

Con seguridad la Fiscalía ante la CPI y la propia Corte estarán atentos al cumplimiento por parte de Duque de sus compromisos y a los resultados concretos de la JEP, que confiamos sean oportunos y contundentes para garantizar el propósito prioritario que debemos tener: satisfacer plenamente los derechos de las víctimas. De todas.
 

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