“Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades.” Felipe González.
Hace unos años, el presidente de Comfecámaras, Eugenio Marulanda Gómez anotó certeramente que “Los colombianos todos llevamos muchos años…décadas, haciéndole el quite a la ética y a ella, le dimos vacaciones colectivas. Mandamos al baúl de los recuerdos nociones tan importantes como probidad, transparencia, integridad y verdad que son unos principios éticos en sí mismos. Por acción o por omisión, por indiferencia o porque jamás se ha apropiado del sentido de lo público, la sociedad colombiana toda es responsable de que la corrupción se haya incrustado en la cultura social y empresarial del país”.
La moralidad que se ha consolidado en el país no ha sido otra que la de ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio y, como ciudadanos, hemos exigido derechos sin cumplir con nuestros deberes con el Estado. Se critica con facilismo al gobierno y a los organismos de control y muchos se rasgan sus vestiduras cada vez que se habla de corrupción, pero ¿que se ha hecho desde cada uno para contribuir a consolidar la cultura de lo público?
Corromper, según la RAE es “alterar o trastocar la forma de algo”. Tiene que ver con todo lo que contribuye a hacerle el quite a la construcción de principios y al mantenimiento del tejido social.
Las estructuras de valores de la sociedad son el eje fundamental de su desarrollo y su cumplimiento. Son el fundamento básico para la convivencia y también para la competitividad. Una comunidad que no tiene una sólida jerarquía de principios éticos que regule sus relaciones económicas y sociales, difícilmente construirá capital social.
Por otra parte, hay que hablar de la confrontación entre lo legal y lo ético, pues es innegable que las normas jurídicas llamadas a ser cumplidas por las personas, son aquellas que se encuentran inscritas dentro de los más profundos valores de la sociedad. Procurar que las leyes beban permanentemente de las fuentes de la moral que orienta a una sociedad en particular, es garantizar su aceptación por la comunidad.
En este tema, Marulanda Gómez expresaba con gran dureza: “¡Qué profunda aversión genera a los miembros de una comunidad cuando las personas dentro del marco de la legalidad, juegan con displicencia en el campo moral!”. Frente a esta situación, la sociedad y sus legisladores no deben desentenderse. Por el contrario, son más civilizadas las sociedades que perciben la necesidad de cambio como estrategia para preservarse.
Por esta razón, la propuesta que se podría manejar a nivel nacional y que requerimos adoptar en el futuro y en nuestra región es la del exprocurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón. Se trata de “formar una comunidad alrededor de unos procesos compartidos que incluyen principios, experiencias, intereses y deseos comunes, para actuar con honradez, honestidad y lealtad frente al Estado, con el objeto de conseguir una reconciliación que genere cambios radicales que permitan lograr la excelencia”.
El compromiso es adoptar parámetros mínimos consensuados que puedan articular la aplicación de las disposiciones legales con las prácticas moralmente aceptadas y culturalmente permitidas, posibilitando el avance hacia escenarios de integridad y una mutua confianza entre los sectores público y privado con la ciudadanía en general”.
Construir confianza es propiciar la cultura de demostrarle a las minorías del país que la línea que separa la negociación honesta de la deshonesta, debe ser rediseñada para que se puedan cumplir las metas de progreso y equidad.
Finalmente, como corolario y conclusión preliminar, déjenme traer a colación la frase con la que el tratadista argentino, Roberto Cortés Conde, ilustra en esa interrelación incuestionable entre el Estado y la sociedad. El observa que “Cuando pierde el Estado, perdemos todos”; Podría pensarse que con el paradigma contrario: “Cuando gana el Estado, ganamos todos”.
