Colombia es una caldera social que fue acumulando presión a lo largo de muchos años, alimentada por un desarrollo que destruyó la vieja sociedad sustituyéndola por un remedo de una a medias moderna, generadora de exclusión, frustración y rabia, sobre todo entre jóvenes sin futuro ni reconocimiento por una sociedad que los invisibilizó; jóvenes que hoy marchan y gritan para ser reconocidos. La fallida e inconsulta reforma tributaria fue la chispa que desató el incendio urbano. Y Cali es el escenario preciso para que esta rebelión de los invisibles se manifieste de manera más clara y contundente.
En las marchas de noviembre de 2019, ya se anunciaba lo que venía; era innegable un estado de ánimo ciudadano de inconformidad generalizada, especialmente en sectores de clase media que veían amenazados sus avances socio económicos del último medio siglo, a la par que enfrentaban un horizonte preñado de nubarrones de tormenta, que alimentaban su incertidumbre y temores frente al futuro. Los estudiantes, especialmente los universitarios, estaban inquietos protestando porque el costo de las matrículas y de los créditos del ICETEX que comprometían su futuro inmediato, en un escenario de inicio de vida profesional, marcado por la incertidumbre laboral y una única certeza, la deuda contraída principalmente con el instituto. La finalización del año escolar y la llegada de la pandemia, hizo que la dinámica de la protesta se suspendiera. La indolencia conque el gobierno Duque enfrentó entonces la situación, solo sirvió para aumentar la presión de la caldera social. La pandemia exacerba el ambiente de inconformidad y
rechazo social, profundizándose la crisis y la fractura social.
Para entender mejor el mar de leva social que golpea a Colombia, es importante tratar de entender la realidad que vive Cali. Así como Medellín hace más de treinta años fue el epicentro de la guerra con el narcotráfico, hoy Cali lo es de otra guerra, de carácter social contra el marginamiento y la discriminación que sufren los hijos del desplazamiento y la violencia con su alto componente de narcotráfico. Podemos decir que en Cali se expresa urbanamente la crisis rural de una región convulsionada, con sus antecedentes en la violencia de los cincuenta y su aflujo de campesinos y medianos propietarios que llegaron a Cali - pero también a Pereira -, migración que se mantiene alimentada por los conflictos por tierras y el narcotráfico en el norte del Cauca, en la Cordillera Central y en la Costa Pacífica. Con una economía de plantación azucarera de jornaleros y una industria que estuvo fuertemente controlada por empresas transnacionales, con tecnologías que limitaban su capacidad para emplear el aflujo de mano de
obra que llegaba a protegerse en la ciudad y a buscarle una salida a sus vidas.
Hoy los que protestan son jóvenes pobres, hijos de esa migración que no logró su inserción a la economía y sociedad urbana a donde llegaban, marginados e invisibilizados, que en estas circunstancias se han empoderado en calles y barrios. Se escucha su voz, de rabia y desesperanza, la ciudad que los excluyó hoy depende de ellos para circular, para atender sus necesidades fundamentales.
Los hechos reclaman cambios a partir de reconocer e incluir a los invisibles de ayer. Es la tarea de largo aliento que Colombia desde sus regiones, debe abocar como condición necesaria para ser una sociedad del siglo XXI y no del XVIII, como hasta ahora ha sido en lo fundamental.
