En el año que empieza, el tema de la salud será central en la discusión nacional. Desde el 7 de agosto del 2022, el nuevo gobierno dijo que vendría una reforma y que uno de sus componentes sería la eliminación de las EPS. El nuevo modelo tendría -lo dijeron sin dar hasta ahora detalles- más énfasis en lo público que en lo privado.
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Estos anuncios reiterados del gobierno crearon un estrés innecesario y preocupante en el sistema de salud que se vio reflejado en la última encuesta de Polimétrica de la firma Cifras y Conceptos. La medición fue realizada en el pasado mes de noviembre y una de las preguntas fue la siguiente: “Ante el anuncio del gobierno nacional de querer eliminar las EPS en una eventual reforma al sistema de salud, ¿Usted ha aumentado el uso o solicitud de citas, exámenes y/o procedimientos?”. Pues bien, el 21% de los colombianos contestó afirmativamente, lo que quiere decir que 7.5 millones de personas, de los 49 millones que hoy tienen planes de salud, incrementaron la petición de servicios a las EPS, dada la incertidumbre creada por los anuncios de reforma.
En estos temas, hay que ser cuidadosos y responsables porque lo que está en juego es quizás lo más valioso para todas las familias, que son sus planes y atención oportuna en salud. Pero este tema se complica aún más cuando analizamos que el presupuesto y los aumentos planteados por el gobierno para este 2023 son insuficientes para cubrir adecuadamente las necesidades de los colombianos.
En la comunicación de fin de año a la opinión pública, Acemi, Gestarsalud y Asocajas, entidades que representan a 50 millones de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, dijeron tres cosas: Primero, que el incremento planteado por el Gobierno para el año entrante de 16.23% a la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente. Como se sabe, la UPC es el valor que reconoce el sistema de salud por cada persona para cubrir sus atenciones en salud.
Segundo, que el incremento del régimen subsidiado no podía ser inferior al del contributivo – cambio que fue acogido-; y, tercero, que el gobierno tiene pagos pendientes a las EPS por cerca de 2.6 billones de pesos. Todo esto en su conjunto, hace que hoy el sistema de salud colombiano enfrente un desafío de sostenibilidad financiera y pone el peligro el adecuado y oportuno aseguramiento en salud de los colombianos. La ministra muy a su estilo responde con dos piedras en la mano y, aunque reconoce públicamente las deudas, se va a la ofensiva citando cifras de deudas de las EPS a las IPS que no le cuadran a nadie. Lo que no se da cuenta la señora ministra es que las EPS ya han alertado hasta el cansancio sobre la insuficiencia de recursos y el efecto en cascada de los mismos que afecta a todo el sistema.
La responsabilidad de la salud no es ideológica ni política. Es una responsabilidad frente a 50 millones de colombianos. Si el mismo ministerio pide en carta al Congreso una adición de $8,5 billones para el presupuesto de 2023, no se entiende por qué la ministra se escandaliza cuando las EPS y las IPS señalan el déficit de recursos.
El no pago de los presupuestos máximos, el incremento insuficiente de la UPC tiene el efecto deseado por la ministra de poner contra las cuerdas a las EPS para que transiten dócil y tranquilamente hacia lo que ella llama “transición”, es decir dejar de ser aseguradores y en el caso de las que pueden convertirse en prestadores.
Al tener más EPS en causal de Intervención, o con indicadores financieros deteriorados, la posición de la ministra Corcho para negociar se fortalece, pero crece el riesgo de que el sistema de salud en su conjunto colapse. Esta situación le puede servir a la ministra para sus fines políticos, pero implica poner en riesgo a millones de pacientes. Con la salud no se juega.
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