En junio se expidió la ley 2213 donde se reguló la atención a los usuarios del sistema de justicia mediante el uso de las tecnologías.
El Palacio de Justicia de Cúcuta tiene cerradas sus puertas desde marzo de 2020 y no las ha vuelto a abrir. Hace unos meses regresó una parte de los funcionarios a trabajar en sus despachos, pero las puertas siguieron cerradas. Solamente se abren cuando una persona que intenta entrar es capaz de explicar para dónde va, qué tramite realizará y por qué ese trámite no lo puede hacer por internet. Estas explicaciones son valoradas por una cuadrilla de vigilantes que custodian el edificio y deciden quién puede entrar a este lugar público.
Un caso de contexto. María tiene 52 años y una de sus hijas necesita atención médica con urgencia. En el centro médico no le han dado solución y quiere acudir a la tutela. Hay un problema: María no sabe cómo se interpone una tutela ni cómo funciona. Le sugirieron que fuera al Palacio. Pidió plata prestada para el pasaje y cuando llegó no pudo explicar cuál juzgado iba a visitar y tampoco sabía qué es el aplicativo virtual de recepción de tutelas. El vigilante no la dejó pasar porque no se están recibiendo tutelas verbales y le sugirió que fuera al Edificio Leidy o a los consultorios jurídicos de las universidades de Cúcuta.
Le pregunté sobre el tema a colegas funcionarios de la Rama Judicial y me dijeron tres cosas. Primero, el Palacio de Justicia de Cúcuta es el único del país que no abre las puertas al público en general. Segundo, desde que llegó la pandemia no hay atención para tutelas verbales, así que las personas como María deben pagar un abogado privado o acudir a una universidad. Tercero, los vigilantes del Palacio tienen indicaciones estrictas de hacer las preguntas que le hicieron a María y quien no supere ese filtro, sencillamente no puede entrar.
El pasado mes de junio se expidió la ley 2213 donde se reguló la atención a los usuarios del sistema de justicia mediante el uso de las tecnologías. Allí se dijo con claridad que las personas con dificultades para usar medios digitales pueden acudir personalmente a los despachos judiciales y ser atendidos de forma oportuna. Parece que esto no se está cumpliendo.
Kafka escribió un cuento que recrea la absurda situación de María y de las personas sencillas que piden un poco de justicia. El cuento inicia diciendo: “Ante la Ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar en la Ley”. El guardián se lo impide y le dice que es posible que más tarde lo deje entrar. Tiempo después el campesino insiste, pero le niega la entrada y le aclara que detrás de él hay otros guardianes más poderosos aún. El hombre pasa días y años intentando “entrar en la Ley” sin que el guardián se lo permita. Al final de los días le pregunta por qué nadie más intenta entrar allí. El guardián cínico responde: “Nadie más podía conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me iré y la cerraré”.
El cuento de Kafka es ficción, pero el caso de María es verdadero y ocurrió el pasado 24 de octubre a las afueras del Palacio de Justicia de Cúcuta. Mantener cerrado este edificio al público es absurdo e insostenible, pues implica que el Palacio se reserva el derecho de admisión de sus visitantes y delega en sus guardianes la autoridad de decidir quién tiene derecho a los derechos.
