Los acontecimientos de nuestra vida ciudadana que suceden con mayor velocidad son los que se relacionan con la violencia, y los últimos días son una muestra evidente de ello. Si partimos del hecho tan publicado de la extradición del delincuente alias Otoniel, vemos cómo sus secuaces desataron de inmediato una horrenda serie de atentados contra la fuerza pública y contra las poblaciones en las que operan. Y, para resaltar su impacto, lanzan comunicados amenazantes y utilizan a sus cómplices para crear a través de redes sociales y medios de comunicación mayor confusión.

¿Es, solamente, la extradición del capo lo que ha generado este gran caos? No lo creo porque en esos grupos criminales siempre hay quien reemplace al jefe caído, y es probable que algunos de ellos piensen que se les abre el camino para apoderarse del control del narcotráfico. 

No es sólo la extradición, es una nueva oportunidad para generar un ambiente de zozobra en el país con fines políticos. Es “otro paro”, en este caso armado, para que los habitantes se sientan inseguros, amenazados y busquen una salida facilista cuando se aproximan las elecciones para escoger al nuevo gobernante, y mirar hacia quien hace promesas de arreglarlo todo sin necesidad del esfuerzo de cada ciudadano.

Se está desplegando la estrategia de utilizar a supuestas “víctimas” para entorpecer la acción de las fuerzas del orden y del gobierno en general. En el proceso del traslado de Otoniel a una cárcel norteamericana se acudió a una serie de tutelas y derechos de petición para impedirlo, con el argumento de que por la ausencia del capo no se podría reparar a sus víctimas. ¡Gran mentira! Las verdaderas víctimas pueden acudir a los procedimientos legales para lograrlo, y en Colombia sería más difícil cuando Otoniel se evadiera y desapareciera de nuevo, como se estaba fraguando. 

Igualmente ocurrió en el caso del operativo militar contra los narcotraficantes de Puerto Leguízamo en el Putumayo, alegando que éste había sido una masacre contra civiles desarmados; para ello usaron también a “falsas víctimas”. Lo sorprendente es que en Colombia se les cree más a los delincuentes que a las autoridades; se protege más a los victimarios que a sus víctimas; se otorgan garantías judiciales a los autores de crímenes mientras al ciudadano honrado difícilmente se le escucha. Existe una tendencia incomprensible a defender a los que están fuera de la ley como si fueran otras víctimas del Estado.

En el debate de la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa por el ataque en Puerto Leguízamo quedó en evidencia que, bajo el comando de Iván Márquez, se está gestando una toma de Colombia desde Venezuela empezando por el Putumayo, el Caquetá y el Guaviare para llegar al departamento del Cauca. Al final, en la votación, los Representantes dieron un voto de confianza al papel de la Fuerza Pública, pero eso ya no fue noticia para los que viven alarmando al país. Igual pasa con las voces de las verdaderas víctimas que muchas veces no tienen la oportunidad de hacerse escuchar.

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