Llegó la hora de pagar las cuentas de la pandemia

Martes, 2 de Marzo de 2021
La pandemia trajo un incremento importante en el déficit fiscal, que ya era alto, y que a 2021 se proyecta, según rotativos y entidades económicas, en cerca de $90.5 billones de pesos.

Al igual que en muchos países, el impacto generado por la COVID-19, obligó al Gobierno a anunciar una nueva reforma tributaria para equilibrar las cuentas fiscales del país, y una eventual flexibilización de la regla fiscal para ampliar el margen al endeudamiento. La pandemia trajo un incremento importante en el déficit fiscal, que ya era alto, y que a 2021 se proyecta, según rotativos y entidades económicas, en cerca de $90.5 billones de pesos (Informe Especial Corficolombiana 2021). Cifra que no pasa inadvertida para las calificadoras de riesgo, que de tiempo atrás han advertido la amenaza de una posible pérdida de la calificación del grado de inversión del país, que, de materializarse, implicaría una pérdida importante en inversión, empleo y costo de financiamiento para Colombia.

Dicho esto, cabe preguntarse qué traerá la próxima reforma tributaria. Si bien el Gobierno no ha revelado oficialmente sus cartas, el contexto de la situación sí permite entrever cuáles serían los ajustes más relevantes. Al igual que en las últimas dos reformas tributarias, se espera que el énfasis sea gravar más a las personas naturales y no a las empresas. 

La carga tributaria total de las empresas en Colombia es muy alta (el Banco Mundial la estimó en 71.3% de las utilidades para 2019) y, en términos internacionales, el porcentaje de recaudo de impuestos en las personas naturales es bajo -aunque nosotros sentimos que pagamos mucho-. Es decir, para no castigar a las empresas, que son las que generan empleo, la cuenta nos la van a pasar a las personas naturales.

Por esto, el eje fundamental de la reforma será la eliminación de varios de los tratamientos preferenciales existentes que benefician a personas naturales. Entre ellos, la más importante son las exclusiones de IVA para productos de la canasta familiar, y que, según cálculos de la misma DIAN, generan un gasto fiscal aproximado de $61.2 billones de pesos al año (5.8% del PIB). Esto es, cerca del 67% del total del déficit se solucionaría con esta eliminación. 

Valga decirlo, ya habían abonado el camino. En la última reforma se introdujo la devolución del IVA para las personas de menores ingresos, cumpliendo así con la condición establecida en su momento por la Corte Constitucional para gravar la canasta familiar. 

El resto del déficit se cubriría con la potencial eliminación de la exención del impuesto sobre la renta aplicable a los aportes voluntarios a fondos de pensiones y a cuentas AFC que hacen los trabajadores. Este ajuste estaría fundamentado en que las personas que pueden hacer este tipo de aportes –que son los que tienen excesos de liquidez-, son normalmente los de altos ingresos.

Finalmente, también está rondando la idea que la tarifa del 10% aplicable a ganancias ocasionales, que aplica para sucesiones y donaciones entre padres e hijos, sea ajustada. Pueden intentar eliminar la tarifa (lo que haría que tributen como rentas ordinarias) o que sea incrementada. Al final de cuentas, lo único cierto es que tenemos que prepararnos para pagar más. Ojalá que estos recursos sean utilizados adecuadamente y que propicien la reactivación de la economía de ciudades como Cúcuta, que enfrenta retos importantes.