Aunque en forma graneada llegaron al país los primeros lotes de vacunas contra el coronavirus que adquirió el Estado colombiano a diferentes farmacéuticas: la multinacional china Sinovac, la vacuna rusa Sputnik, la estadounidense Pfizer y hasta el mecanismo Covax. Esta última “es la única solución verdaderamente global para esta pandemia porque es el único esfuerzo para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas contra la COVID-19 una vez que estén disponibles, independientemente de su riqueza”, reza su página oficial.
Todo eso está muy bien, y tengo la íntima convicción que en la mente de todos los colombianos se tenía el temor que en algún momento las cosas se saldrían de madre con los avivatos, que no faltan. No sé si se podría hablar de lunar el hecho que se presentó la semana pasada en el aeropuerto El Dorado, que no fue protagonizado por ningún funcionario del Estado colombiano, sino por una pasajera proveniente de Emiratos Árabes, que presuntamente quiso entrar al país, el pasado 13 de febrero, un cargamento de 70 vacunas, según DIAN e Invima. El país tiene prohibida su importación, comercialización y aplicación por parte de externos.
El asunto de la vacunación transcurría normalmente, inmunizando a los trabajadores de primera línea, cuando, en una clínica del Eje Cafetero, salta la liebre, al publicar la misma institución un comunicado dando a conocer al país la presunta pérdida de cuatro viales (frascos) de la vacuna. Digo “presunta” porque se sabe que faltan los frascos y la investigación interna de la institución no ha confirmado oficialmente su extravío.
Lo anterior viene a agregarse a lo que tanto se difundió la semana pasada por canales internacionales de televisión, sobre hechos presentados en Argentina y Perú, conocidos periodísticamente como “Vacunatorio VIP”, en Argentina, y “Vacunagate”, en Perú. Indudablemente son casos de repercusión mediática, así se verifiquen lejos de nuestras fronteras, porque es la indignación popular la que censura y reclama al ver que quienes tienen que dar ejemplo, dictar protocolos y hacerlos cumplir, para una vacunación correcta y en orden, son los que están burlando sus propios preceptos, validos del poder político que ejercen. Que sea el presidente de la República, el ministro de Salud y todos aquellos servidores públicos que estén involucrados en el plan de vacunación y tengan que desplazarse por el territorio nacional cumpliendo esa función, los primeros en vacunarse, se entendería fácilmente, por la continua exposición al contagio.
En Colombia, afortunadamente y excluyendo hechos aislados, el gobierno ha diseñado un plan de inmunización que ha hecho respetar y la campaña empezó por dos ciudades duramente castigadas por la COVID-19: Sincelejo y Montería. ¡Que no sucedan o se repitan conductas vergonzosas en la jornada de vacunación!
