Treinta años -o casi treinta años- tardó en llegar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos sobre el exterminio de la Unión Patriótica. Casi treinta años de trámites judiciales ante un tribunal internacional fueron necesarios para emitir un fallo en el que nuevamente se condena al Estado colombiano. ¿Por qué es relevante esta decisión? Para responder la pregunta es necesario un contexto histórico.
La Unión Patriótica se constituyó como una organización política en mayo de 1985, a raíz del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno de Belisario Betancur que se había firmado un año atrás. Logró ser la tercera fuerza política más votada del país en las elecciones de 1986 y 1988, mostrándose como una alternativa al bipartidismo.
La violencia en contra de los representantes y partidarios de la Unión Patriótica fue continuada. El Centro Nacional de Memoria Histórica lo describe de esta forma: “no hubo un solo mes entre mayo de 1984 y diciembre de 2002 en el que no se hubiese registrado un asesinato o desaparición de uno de sus militantes”. Sus víctimas son más de seis mil, y entre ellos se encuentran 200 alcaldes, 418 concejales, 43 diputados, 26 congresistas, 2 gobernadores y 2 candidatos presidenciales.
No obstante, la persecución no se limitó a quienes ejercían liderazgo dentro del movimiento, sino que se extendió contra los militantes de base y simpatizantes. El objetivo era generar miedo y terror a quienes respaldaran electoralmente este proyecto. La finalidad de esta violencia sistemática, más allá del hostigamiento, era su exterminio como partido político.
La palabra exterminio significa matar o eliminar por completo de un lugar un conjunto de seres vivos. La Corte Interamericana encontró que existió participación directa, tolerancia y colaboración del Estado en los hechos de violencia sistemática contra los integrantes y militantes de este movimiento político. Entre 2.967 casos en los que se reconoce el presunto victimario, se tiene que el 71.5% fueron cometidos por grupos paramilitares, el 16.4% por agentes estatales y el 6.2% por agentes estatales en acción conjunta con los grupos paramilitares. Esto significa que el Estado colombiano, a través de sus autoridades, participó y toleró una matanza durante veinte años en contra de un grupo de personas que se identificaban con la Unión Patriótica.
¿Por qué es entonces relevante esta decisión? Porque los hechos de violencia en contra de la Unión Patriótica lo justificaron altos funcionarios que estigmatizaban y señalaban públicamente a sus integrantes. Y esa justificación llegó a muchas más personas. En palabras de la Corte Interamericana, esta estigmatización “tuvo una influencia en el imaginario público, lo que, a su vez, influenció las acciones de violencia en contra de los integrantes y los militantes de la U.P”.
Esta decisión es relevante porque nos habla de odios que se extendieron por veinte años, de odios heredados; porque aborda la intolerancia hacia quienes piensan diferente; porque nos explica cuál es el peso de las palabras y señalamientos de quienes ostentan cargos públicos; porque nos recuerda las consecuencias de naturalizar la violencia. Pero, además de esto, es importante porque nos habla sobre el pasado, presente y futuro de una sociedad que asume el peso de los hechos históricos y que quiere seguir creyendo en un país sin guerra, así en eso se vayan treinta o más años.
