En Cúcuta y su Área Metropolitana se ve y se hace de todo. 

El viernes de la semana que pasó observé una motocicleta que tenía enganchado un semirremolque de placa 4I0-AAI el cual transitaba sobre la Autopista Internacional cargado con cilindros de cuarenta libras cuyo presunto contenido es gas licuado de petróleo comúnmente llamado GLP, que es el mismo gas que se usó en todo el país por muchas décadas y que hoy está siendo reemplazado por el gas natural para la preparación de alimentos y demás usos domésticos.

De acuerdo a los emblemas que portaba el semirremolque, se trata de  Monza Gas S.A. Empresa de Servicios Públicos cuya oficina principal se encuentra en el municipio de Tame, Departamento de Arauca.

Hasta ahí no se ha comentado nada importante porque era necesario algunos detalles que permitieran analizar el motivo de la presente columna.

Resulta que una norma aún vigente expedida en el año 1887 permite que la autoridad de tránsito asigne placas a los semirremolques y en su articulado autoriza que su circulación sea tan solo en los perímetros urbanos de los municipios.

También es importante señalar que el decreto 1609 de 2002 establece los requisitos para el transporte de mercancía por carretera, consignando en su artículo 4 las características de los vehículos que deben utilizarse para tal fin.

De igual manera, la norma Icontec NTC 2880 trata en el numeral 6.2 las características que deben tener los vehículos que pueden transportar gas, anotando claramente otros requisitos tales como señalización, ventilación, elementos de seguridad, capacidad de carga, etc. 

El conductor de la motocicleta y la empresa que representa además de transitar en una vía nacional sin tener facultad para ello, transporta mercancía peligrosa como lo es el GLP sin las mínimas medidas de seguridad y en un vehículo no autorizado para tal fin. 

Resulta exageradamente riesgoso que un vehículo (motocicleta) enganche una carga que en cualquier instante se pueda convertir en una tragedia anunciada toda vez que lo acusado no cumple con norma alguna y por el contrario se convierte en un contraventor en potencia que pasa retenes tan “rígidos” como los que diseña la autoridad de tránsito de Villa del Rosario.

El caso debe ser objeto de análisis por la autoridad competente y poner en conocimiento otras entidades e instituciones que por ley deben vigilar situaciones como la expuesta en la cual un servicio se convierte en una verdadera “moto-bomba”.