La Comisión de la Verdad está plagada de pecados. Uno, de origen, como que es resultado del pacto con las Farc rechazado en el plebiscito. Otro, de conformación, con sus miembros escogidos con una evidente tendencia de izquierda. La Comisión nunca tuvo equilibrio ni fue representativa ni imparcial. Uno tercero, en sus fines.
El propósito de esta Comisión fue crear una nueva versión de lo sucedido y establecer otras responsabilidades, una metaverdad de acuerdo con la cual se diluyeran las culpas de las guerrillas y se ampliaran las de los empresarios, la Fuerza Pública y el Estado, convirtiendo en políticas institucionales las que fueron conductas individuales, invirtiendo los papeles de víctimas y victimarios y culpando a la “sociedad” como “responsable de la tragedia”. Y, de esa manera, establecer un nuevo relato de lo ocurrido, favorable a las guerrillas y a sus apoyos políticos y contribuir a los propósitos de la izquierda.
También hay pecados de comportamiento. La Comisión menospreció a las víctimas de la guerrilla. Las quejas de las víctimas de las Farc en relación con la Comisión fueron constantes. La Fuerza Pública y sus reservas han sostenido que “los múltiples informes entregados” por ellos fueron “ignorados”. También ocurrió con el informe sobre los empresarios como víctimas presentado por el ICP. Y al único miembro de la reserva parte de la Comisión, Carlos Ospina, lo bloquearon sus compañeros hasta que decidió renunciar. Tampoco la Comisión quiso publicar las informaciones que Ospina obtuvo.
El Informe es el esperable: sectario, con evidente sesgo de izquierda, y con recomendaciones, algunas de las cuales nada tienen que ver con la “verdad” del conflicto, que proponen políticas públicas similares a las del ahora presidente electo. No es coincidencia. Las propuestas de la Comisión son similares a las de Petro precisamente porque el grueso de los comisionados comparten la misma ideología de izquierda y el mismo propósito final.
De todas las propuestas, he comentado ya la peligrosa, desafortunada e inconveniente de sacar a la Policía de la órbita del Ministerio de Defensa. Hay muchas recomendaciones más y muchas de ellas erradas y de indeseables consecuencias. Especialmente graves son las relacionadas con el narcotráfico.
La Comisión esquiva el hecho de que la persistencia del conflicto armado en Colombia se explica precisamente porque los guerrilleros lograron autosuficiencia económica a partir de su involucramiento en el narco. Y que el surgimiento de los llamados paramilitares fue la respuesta de los narcos puros al secuestro de sus familiares y a los ataques de la guerrilla para controlar el negocio. Esas verdades no están el informe.
Por eso no sorprende que el Informe sostenga, contra los hechos, que es el “enfoque prohibicionista … uno de los principales factores de persistencia del conflicto” y que es esa política, y no el narcotráfico y los grupos violentos que se alimentan del mismo, la que “ha generado profundos daños a los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”. En otras palabras, para la Comisión el problema no es el narcotráfico y el involucramiento de los grupos armados ilegales en el mismo sino prohibir las drogas.
Por eso la Comisión propende por la legalización global, un imposible, quiere acabar con la erradicación forzada y prohibir todos los usos del glifosato, y defiende lo pactado en La Habana en esta materia, acuerdo cuya implementación multiplicó por tres el número de narcocultivos y por cuatro y media veces la producción de cocaína y que ha traído como consecuencia el disparo de los homicidios en el país después de casi dos décadas de reducciones sostenidas.
