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Paz: ¿proceso político o penal?

Domingo, 27 de Septiembre de 2015
Y no se puede negar que lo formal no sea importante, hoy en día, es lo primero para ejecutar un proyecto o sellar un trato.

Aunque en Colombia y otras regiones de América Latina se estén multiplicando los pensamientos de odio y las sospechas hacia el proceso de paz que se está llevando a cabo con el grupo guerrillero más longevo de la historia del continente; es innegable la sensación de alivio que se vive en cada rincón del país, porque ahora sí, la paz es irreversible.

Por lo menos formalmente hablando. Y no se puede negar que lo formal no sea importante, hoy en día, es lo primero para ejecutar un proyecto o sellar un trato.

Eso es lo que representa el documento que se firmó el miércoles pasado; un acuerdo sobre justicia transicional en el que se logra que el grupo paraestatal admita que tiene una serie de responsabilidades sobre las cuales tomar acciones, una serie de culpabilidades y sobre todo un sinnúmero de víctimas por manos suyas, cosa que anteriormente ni se pensaba.

Recién se inauguraron los diálogos, los voceros de las Farc ni siquiera consideraban el reconocer su huella negativa en el país.

En su momento decían que las víctimas eran ellos, y no los colombianos. Pero ahora los papeles han cambiado y las situaciones también. A pesar de los detractores, el proceso no se ha caído y la guerrilla ha empezado a cumplir.

No del todo, por supuesto, pero por lo menos ya se han visto asomos de cambio en su postura y ahora no pretenden quedar como los héroes del compromiso.

Se logró pactar sobre la manera en que serán enjuiciados los actores del conflicto, la caracterización de las penas y sanciones; y la elegibilidad política.

Aunque quedaron por fuera temas fundamentales, como el desarme de la guerrilla y su reincorporación a la vida civil; el cese bilateral del fuego o la herramienta que se utilizará para que los colombianos opinen sobre el acuerdo; la lluvia de críticas es torrencial.

Estas críticas incluyen las dudas acerca del concepto de delitos políticos y conexos, temor a la impunidad y escepticismo frente a la recuperación de una ‘vida normal’ en el país. De igual manera, dichas críticas se extienden a todos los niveles del gobierno colombiano y enturbian (más) el pensamiento colectivo de la sociedad colombiana.

Sin embargo, mi crítica personal hacia el proceso nace desde su carácter mismo. Simpatizantes y opositores del gobierno de Juan Manuel Santos han hecho declaraciones a diestra y siniestra a cuanto medio les ha ofrecido micrófono, pero no se ha escuchado mucho sobre algo primordial. ¿Qué es lo que define al proceso? Según lo veo, los diálogos de paz con las Farc hacen parte de un proceso tanto político como penal, en tanto que, por un lado, se está buscando estabilizar la situación de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio, y por el otro, se pretende sacar de circulación a unos ejes criminales importantes, lo cual requiere judicialización.

Estoy de acuerdo con que este proceso no sea una rendición sino una negociación, como recalcan frecuentemente quienes son afines a los propósitos de la guerrilla, pero es vital reconocer que no todos pueden ganar por igual. Me refiero al gobierno y a las Farc; los cuales se han tomado estas conversaciones como batallas personales y no como  un enfrentamiento ideológico necesario para mejorar las condiciones del país. La victoria de las negociaciones no debe interpretarse como una victoria de legitimidad para ninguno de los dos, sino como una ventana de oportunidad para los colombianos; quienes han venido soportando agresiones por más de cinco décadas.

Sólo tengo una crítica más con respecto a las novedades del proceso de paz: Las Farc afirman haber pagado un alto costo por rebelarse contra la injusticia, aun teniendo en cuenta que en Colombia se sabe que quienes cobraron los precios más altos fueron ellos –mediante el narcotráfico, el secuestro extorsivo, los bombardeos, ataques a infraestructura, fuentes de agua, etc. –. Así mismo, los guerrilleros de esta organización piden que deje de confrontarse el pasado en aras a buscar un mejor futuro. En otras palabras, quieren evadir las responsabilidades que un acuerdo de paz sensato y coherente conllevan: Reconstrucción de la verdad, restablecimiento de la justicia y reparación a las víctimas.

Entonces, ¿debemos considerar la transformación de las Farc de grupo subversivo a movimiento político? Mucho se habla de esto y algunas personas opinan que lo que para nosotros fueron actos atroces del grupo guerrillero, dentro de veinte o treinta años sólo serán sombras dentro de un partido o movimiento que se caracterizaría en el futuro por acciones políticas no violentas; que serían –supuestamente– bienvenidas y respetadas por el grueso de actores políticos de la Nación futura.

Por lo tanto, si se piensa firmar definitivamente la paz el veintitrés de marzo próximo, el Gobierno tendrá que apurarse a resolver los puntos álgidos del acuerdo y tratar de generar el mayor consenso posible entre la población. De lo contrario, la paz ni siquiera será real en lo formal.