Colombia necesita enfrentar el narcotráfico como país productor de drogas y también como consumidor. Estos dos componentes nos obligan a hacernos nuevas preguntas y a desarrollar una política integral, sistemática, evaluable, flexible, descentralizada, que consulte las expectativas y necesidades de los usuarios de drogas y, sobre todo, que ofrezca respuestas diferenciadas para cada uno de los actores, de este problema.
Mucho se ha hecho en Colombia para acabar con la producción de sustancias ilícitas: desde la incautación de grandes toneladas de droga hasta la identificación y bloqueo de rutas y corredores de tráfico y la erradicación de grandes extensiones de tierra con cultivos ilegales. Sin embargo, a la fecha el narcotráfico sigue siendo un negocio lucrativo que ha logrado adaptarse no solo a las estrategias para contrarrestarlo, sino que ha diversificado y ampliado su mercado entre usuarios cada vez más jóvenes en nuestro país.
Así, vemos que la estrategia de criminalización y fuerza, no solo ha tenido bajos resultados sino que le ha dejado poco espacio a estrategias para atender la creciente demanda del mercado de las drogas, y los factores de riesgo que permiten que el negocio se mantenga. El narcotráfico más allá de ser un simple problema de rutas y cultivos, es un fenómeno que ronda nuestros colegios, recluta nuestros jóvenes y estigmatiza a quienes padecen un consumo problemático.
Por eso, debemos hacernos nuevas preguntas: ¿Cómo garantizar la eficacia de los programas de prevención del consumo? ¿Cuál es la edad de ese primer consumo? ¿Vamos a prevenir consumo en medio escolar?
¿Cuáles serán las estrategias? ¿Cómo vamos a incluir a los padres de familia? ¿Vamos a hacer prevención en medio comunitario?
Las respuestas a estas inquietudes nos permitirán cambiar la forma como medimos el éxito de la política contra las drogas, e incluir una nueva métrica como por ejemplo, el número de territorios recuperados del espiral de violencia o de jóvenes beneficiados con oportunidades de estudio y trabajo en áreas controladas por bandas y pandillas, etc..
Es urgente un enfoque que vaya más allá de la fuerza y que consolide una política integral, resistente a la corrupción, que persiga a las organizaciones de narcotraficantes pero que al mismo tiempo, se ocupe de los eslabones más débiles con medidas de prevención, salud pública y derechos humanos. Este problema tiene una nueva dimensión. Nuestro peor escenario sería seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes para solucionarlo.
