Cuando la protesta utiliza hechos ilegítimos, violaciones a la ley y a los derechos de los ciudadanos, el Estado no puede permitir el exceso.
En toda democracia la protesta es legítima y constituye un medio idóneo para expresar un sentimiento de inconformismo frente a cualquier proceder público y pretende llamar la atención sobre la forma de pensar de sectores que creen que las cosas se pueden resolver de otra manera. Es la ocasión para que las autoridades tomen nota de los argumentos y procedan a estudiar la elaboración de medidas rectificatorias, si es del caso aplicar una corrección.
Existen muchas formas de expresión popular y el señor Mockus nos ha dado muestras muy claras de cómo se pueden diseñar instrumentos pedagógicos que permitan llamar la atención y producir efectos positivos en las pretensiones que se quieren hacer valer, acompañado ello con cifras y sustentos que generen fuerza en la capacidad argumentativa.
Pero lo que sí es necesario aclarar, a propósito del paro camionero, es que esas protestas se conviertan en episodios bochornosos en donde se obligue a la gente a tomar determinados procederes, se atente contra los bienes públicos y privados y se vaya hasta el extremo de producir hechos con características terroristas, que generan un estado de cosas inadmisibles dentro de cualquier sociedad y producen daños irreparables, no solo a la economía en general, sino a vastos sectores de la población.
Cuando la protesta utiliza hechos ilegítimos, violaciones a la ley y a los derechos de los ciudadanos, el Estado no puede permitir de ninguna manera el exceso de esos procederes inicuos y absurdos.
Sabemos que muchos sectores al margen de la ley utilizan estas protestas para camuflarse y producir desconcierto con hechos extremos, irresponsables y delictivos; pero entendemos que los encargados de liderar los procesos de inconformismo, deben ser claros en señalar su total desacuerdo con este tipo de situaciones, so pena de incurrir en complicidad con los hechos lamentables.
Si la protesta se sale de las manos, hay que tener el valor de reconocerlo, y hay que estar en capacidad de explorar mecanismos alternativos que permitan un examen apropiado y lógico de las situaciones.
No podemos perder de vista que en el negocio del transporte hay grandes intereses infiltrados no solo de ciertos monopolios, sino también de lavado de dineros. Fuera de eso, según el Banco Mundial, en Colombia exportar un contenedor tiene un costo de 2.160 dólares, mientras en Perú vale 788 y en Chile 685. ¿Por qué no acelerar el ferrocarril, para atenuar estas situaciones?
