Transcurridos pocos días desde que los chilenos se pronunciaran de manera contundente por rechazar la propuesta de texto de nueva Constitución, es relevante preguntarse por qué el 62% del electorado que votó rechazo, hizo que la opción triunfadora venciera en todas las regiones del país, siendo particularmente ostensible en aquellas en las que habita la población más pobre y desposeída, la que se suponía era la más favorecida por la propuesta de texto de nueva Constitución. Tenemos que el rechazo se impuso en todas las comunas salvo en ocho.
El resultado electoral tiene diversas lecturas, repercusiones y lecciones, que deben hacer reflexionar a los responsables políticos del apruebo, incluido el gobierno de Boric por el magro resultado obtenido. La realidad es inescapable. En democracia se gana y se pierde, y en una situación o en otra se debe con humildad saber interpretar lo que el electorado manifiesta, que en este caso fue un fuerte llamado de atención, porque hubo desalineamiento entre lo ofrecido por la Convención Constituyente y sus mandantes que esperaban un texto menos complejo y más unitario.
Al rechazarse, quedan en entredicho varias propuestas: la paridad de género; la descentralización política del país; la preservación y el cuidado del medio ambiente; la eliminación del Senado; la reelección consecutiva del Presidente de la Republica; una reforma del poder judicial; la decisión de que el agua sea un bien de uso público no apropiable; la eliminación del Estado subsidiario y su reemplazo por uno social y democrático de derechos; la consideración de los pueblos originarios como naciones que hacen parte constitutiva de Chile; entre las que pudiéramos identificar como relevantes.
Los derechos individuales y colectivos, humanos y de la naturaleza propuestos, no están contemplados sino en muy pocas Constituciones del mundo, e implicaban un costo financiero muy difícil de abordar para una economía de desarrollo medio, como la de Chile. De allí que no pocos detractores del texto propuesto lo tildaran de fundacional y utópico.
El presidente Boric reconoció la misma noche del plebiscito que su rechazo implicaba asumir su resultado y buscar en el menor plazo, una salida constitucional. Por ello, se ha reunido con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, a la vez que con todos los presidentes de los partidos políticos con representación en el parlamento. El plebiscito de octubre de 2020 resolvió por un 79% que el proceso constituyente se debía realizar a través de una Convención Constitucional. Ese resultado conserva vigencia y legitimidad y, de hecho, ello es reconocido transversalmente por los más diversos actores políticos.
Es necesario encontrar un mecanismo para que la sociedad civil se pueda expresar. Hasta tanto, el poder constituyente vuelve al Congreso y, en consecuencia, la definición de retomar el proceso, el modo de elección de una nueva Convención, los plazos de su constitución y trabajo y las reglas de su funcionamiento siguen siendo una materia de definición que se debe radicar en el Congreso. El país necesita reducir la incertidumbre constitucional, esto es, despejar el procedimiento, dar una señal de estabilidad y fijar un plazo relativamente breve para su resolución.
Se especula, que entre noviembre y diciembre, los chilenos debieran elegir a sus nuevos constituyentes, quienes deben trabajar de manera muy cercana con una comisión de expertos constitucionales, para que en un plazo máximo de 6 meses, propongan un texto que pueda ser plebiscitado, aprobado y entre en vigencia antes del 11 de septiembre de 2023 fecha en la que se cumplen 50 años del golpe de estado de 1973.
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