Efectivamente tienen razón mis contradictores cuando me indican que la propuesta de reivindicación campesina no es iniciativa del gobierno.
Es de iniciativa del congreso como propuesta del Senador Alberto Castilla Salazar y con la adhesión de Efraím Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Senén Niño y el Representante Alirio Uribe desde abril de 2016. Buscan reformar el Artículo 64 de la Constitución Política, una norma superior técnicamente bien redactada dentro de la preceptiva constitucional, “que promueve el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa. Que busca el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de sus productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
La propuesta de reforma Constitucional, sabe más a ley reglamentaria del artículo 64, que a reforma. Luego de hacer y repetir los lineamientos superiores, desarrolla un poema de reivindicaciones, en el novedoso lenguaje incluyente, para construir socialmente el territorio de esas comunidades, hasta el derecho a las semillas casi que, clasificándolas. Repite los principios de equidad de género ya consagrados en varias normas anteriores y le revuelve los mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares.
Dije en la columna anterior que es una propuesta a punto de naufragar, indiferentemente de quien haya sido la iniciativa y hoy me atrevo a decir que resulta conveniente que se ahogue, para que se presente una reforma de verdad sobre el tema campesino.
No se puede seguir con las sempiternas cataplasmas normativas, que en colección se repiten desde el siglo pasado, agravando el mayor de los conflictos del país: tierras, exclusión y violencia.
Hoy, expertos e inexpertos, desempolvan viejos estudios y los ensamblan con los nuevos, para concluir que la solución para el campo olvidado, arrasado, bañado en ciclos de sangre y violencia es volver a las propuestas frustradas de 1930, cuando lo que se necesita una Reforma Agraria de verdad.
Desde la Ley de Tierras de la República Liberal o ley 200 de 1936 que contenía un primer esfuerzo revolucionario, dijo a la propiedad privada puede ser tomada por el Estado previa la correspondiente indemnización y de ella dijo que cumplía una función social que implicaba obligaciones; no se ha intentado una verdadera reivindicación del campesino.
Ella originó dos o tres contrarreformas, con agravantes de violencia y desplazamientos. Hoy sus consecuencias implican nueva concentración de la tierra y gran parte de ella en poder del narcotráfico y el enrolamiento campesino en la guerrilla y el paramilitarismo.
Adenda: “Y vuelve la burra al trigo”, con el tema del cierre financiero y la falla geológica, para justificar la mediocridad pública, ante el embalse de Cínera.
