Mientras que los cocaleros y las asociaciones campesinas del Catatumbo insisten en que la erradicación forzada y la aspersión con glifosato no son la solución para acabar con los cultivos de uso ilícito en Norte de Santander, las autoridades militares, civiles y policiales insisten en que es muy necesario aplicar rigurosamente estos planes para acabar con las matas de coca.
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Pero esta diferencia de posturas ha llevado a que en algunas zonas del Catatumbo, los cultivadores terminen reteniendo a la fuerza a los soldados que se encargan de la erradicación forzada, como sucedió en el Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para los miembros de las extintas Farc, en la vereda Caño Indio, de Tibú, donde 130 militares permanecían aislados en la base militar de la zona, totalmente acorralados. Y lo más grave es que no es la primera vez que sucede.
Las agremiaciones campesinas aseguran que la falta de voluntad política es la causa principal del incumplimiento del Gobierno con los cultivadores de coca del Catatumbo, pues cada vez que llegan con un plan de sustitución voluntaria, este termina siendo un fracaso.
Y esto es lo que hoy tiene a los cocaleros pidiendo que se implementen los puntos del acuerdo de paz que se firmó en La Habana (Cuba), entre los que se cuenta la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), y que contempla promover la sustitución voluntaria de cultivos a través del desarrollo de programas y proyectos en la legalidad para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de la siembra de mata de coca.
Precisamente, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) es una de las organizaciones que ha propuesto que se cumpla este programa en las zonas donde se está aplicando, porque es una solución muy importante. “Ante eso, el Gobernador (Silvano Serrano) ha propuesto la necesidad de que hagamos una asamblea para unificar todos los criterios que hay en el territorio sobre sustitución, porque el Pnis es una experiencia muy buena”, explicó una fuente cercana a Ascamcat.
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Añadió: “nosotros construimos unas propuestas que las presentamos hace cinco años al Gobierno. Sabemos que debemos mejorarlas y esperar a ver cuál avanza. Todas las hicimos en un encuentro que se dio en El Tarra con los campesinos que viven de la siembra de hoja de coca”.
La fuente explicó que una de los puntos de esa propuesta es que se haga gradualmente el cambio de los cultivos. Otro es el tratamiento diferencial en las acciones penales, por ejemplo a un campesino hoy lo procesan con la ley 30, como si fuera un narcotraficante, “cuando no debería ser así, porque el cultivador vive es de las siembras y no de procesar cocaína”, indicó la fuente, que por seguridad pidió la reserva de su identidad.
El tercer punto es la aplicación de una reforma rural, porque en el Catatumbo hay muchas tierras que no tienen titulación “y mientras esto no se haga, es muy difícil acceder a los créditos y todo lo demás en temas económicos, además, funcionaría a la maravilla los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), pero el problema es saltar del papel a la acción”.
Y verificando las cifras que maneja el Pnis, se puede ver que de las cerca de 12 mil familias que viven de los cultivos de hoja de coca, en Tibú y Sardinata hay 2.998 que están siendo beneficiadas por este programa, de las cuales 2.103 son cultivadoras, 231 no lo son y 664 son recolectoras de la hoja de coca.
La inversión que ha hecho este programa en estos dos municipios del Catatumbo es de $30.092 millones. Del total de familias que aceptaron hacer parte del plan, 1.116 han hecho sustitución voluntaria y entre todas han recibido $826 millones. También se han dado 301 proyectos productivos, con una inversión de $2.427 millones.
Sin embargo, muchas de estas familias que viven de los cultivos de uso ilícito y que están dentro del Pnis afirman que el programa ha comenzado a ser un fracaso, como sucedió con otras propuestas, porque no les han cumplido con todo lo que les prometieron y después de la puesta en marcha solo se ha cumplido con un porcentaje, como se puede ver en la asistencia técnica, que solo llevan el 78%, de los 301 proyectos productivos solo se han llevado a cabo el 18%, además, hay muchos cultivadores que manifiestan que no les ha llegado ni el primer rubro que les prometieron.
Las organizaciones campesinas también le han pedido al Gobierno que la problemática del consumo de drogas sea considerada como un tema de salud pública y que además, esto no solo sea un fenómeno local, departamental y nacional, sino que también sea internacional, por eso señalan que la lucha antidrogas no solo puede ser planteada como una guerra contra carteles, sino que debe mirarse como hay países donde reciben esos grandes cargamentos de cocaína y lo que afecta a la sociedad civil por el consumo interno, que hoy se está viendo en Norte de Santander.
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“Además, si analizamos todo el dinero que se está invirtiendo en esa lucha antidrogas, que hasta el momento no ha dado los resultados esperados, porque más bien no se agarra ese dinero y se hace un plan de sustitución verdadero, que es lo que quieren los campesinos cultivadores de coca”, explicó la fuente.
Pese a estos planteamientos por parte de los cultivadores de coca y organizaciones que los representan, el Ejército asegura que el Gobierno ha invertido mucho dinero en el Catatumbo para acabar con esa problemática de los cultivos de uso ilícito, pero que esto no se ha podido porque el Eln, disidencia del Frente 33 de las Farc y carteles mexicanos no lo han permitido.
“Este es un negocio muy rentable para esos carteles del narcotráfico y es la principal fuente económica de los grupos ilegales, entonces mientras que ellos existan, esa problemática no se va a acabar, por eso es que se debe seguir adelante con los planes de erradicación, pero también se debe aplicar la aspersión aérea, así se va acabando con esas siembras de coca. Esto también se debe combinar con la inversión que se viene adelantando gradualmente”, manifestó una fuente militar.
Y precisamente, para llevar a cabo ese plan de erradicación forzada que se viene adelantando desde hace más de tres años, el Ejército tiene alrededor de 1.000 hombres, entre militares que se encargan de arrancar la mata de coca y quienes les prestan seguridad.
Sin embargo, mientras avanza este plan por parte de los soldados, la resiembra de los cultivos de uso ilícito que se está dando se encuentra entre el 60 y 70%, siendo aún más complejo el poder controlar esta situación.
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Aumento de los cultivos y producción
Pero mientras que tanto cultivadores como autoridades se ponen de acuerdo para ver cuál es la mejor solución para frenar esa problemática de la siembra de hoja de coca, en el último año, en el Catatumbo se estarían produciendo diariamente 854 kilos de cocaína, lo que significa que los dueños de esa droga recibirían $4.697 millones, vendiéndola en Norte de Santander, pero si la envían a Estados Unidos o Europa las ganancias sobrepasarían los $15.000 millones.
Los productores de base de coca en esta parte del departamento, también tienen jugosas ganancias a diario, pues cada 24 horas estarían sacando 1,6 toneladas de esta droga, lo que significa que sus ingresos llegarían a los $3.000 millones.
Estas exorbitantes ganancias diarias son las que han llevado a que Norte de Santander se convierta en el primer departamento de Colombia con más hectáreas cultivadas con hoja de coca (40.084) y el segundo en producción de cocaína y base de coca a nivel nacional.
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Y es que las cifras reveladas en el más reciente estudio que dio a conocer el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aseguran que de los 20 departamentos registrados con coca en el 2020, cinco concentran el 84 % del área total de siembras ilegales, que en su orden serían: Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia.
“Norte de Santander se consolida como el departamento con mayor área sembrada en el país, con 40.084 hectáreas, con una leve reducción (4%) frente a lo reportado el año anterior (2019). Nariño, con cerca de 9.000 hectáreas menos, continúa ocupando el segundo lugar de afectación”, señaló el SIMCI.
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