La incertidumbre continúa entorno al Cúcuta Deportivo luego de conocerse un comunicado donde la Dimayor aseguró que la institución deportiva fue desafiliada del ente rector, aduciendo que se encontraba sin su reconocimiento deportivo activo y además que estaba inmerso en el proceso de reorganización empresarial.
Una jugada que dejaría como ganador a José Augusto Cadena, el expresidente motilón que llevó a la crisis que vive el equipo, y a la Dimayor apropiarse del derecho de afiliación del Cúcuta.
Este hecho, llevaría a que realmente quedara “un cascarón”, como lo dijo el mismo Cadena en la audiencia de incumplimiento del 13 de agosto, puesto que no habría masa para liquidador, afectando directamente a los acreedores de la institución.
Al cierre de esta edición, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, cada vez más cuestionada por su actuar frente a diferentes temas del rentado deportivo nacional, no había emitido una resolución de la desafiliación. Tan solo, el mismo miércoles 25 de noviembre, difundió un comunicado.
Mientras eso sucede, la hinchada espera encontrar soluciones para ponerle fin a esta horrible pesadilla.
Según el comunicado de la Dimayor la decisión se da “en el marco de las consecuencias jurídicas previstas en los estatutos de Dimayor, reglamentación aplicable y en la Ley 49 de 1993”.
De dicha Ley, la Dimayor se habría basado en el artículo 19 que en un parágrafo afirma que “en los casos de incumplimiento con el pago, suspensión, revocatoria o vencimiento del reconocimiento deportivo, la desafiliación es automática y no requiere del conocimiento del tribunal e igualmente la desafiliación acordada por la asamblea del organismo interesado”.
Según Arnulfo Sánchez, jurista de Law y Sports Colombia, la misma Dimayor habría omitido una serie de artículos de la misma Ley.
“La Dimayor no actuó con ética ni decoro al no dejar ingresar al Cúcuta Deportivo a la Asamblea”, afirmó.
Vale la pena recordar que los delegados del Cúcuta Deportivo intentaron entrar a la Asamblea pero el mismo ente les negó la entrada, siendo el club aún miembro y teniendo el derecho de hacerlo puesto que según se establece en sus estatutos en el artículo 12 en el punto uno: “Los clubes afiliados podrán asistir con derecho a voz y voto a las reuniones de la asamblea general”.
Sánchez, además, subrayó que al conjunto rojinegro se le violó el derecho a la defensa, estipuladoen el artículo sexto de la 49 de 1993 que señala: “el trámite de instrucción y resolución que deben adelantar los Tribunales Deportivos, el Tribunal Nacional del Deporte y las autoridades disciplinarias, estará basado en el principio de defensa, de audiencia del acusado, favorabilidad y de contradicción de la prueba”. “Cúcuta no pudo defenderse. Si bien se venía incumpliendo ello se presentaba en la administración anterior. Ahora el administrador es la Superintendencia de Sociedades y al liquidador no lo dejaron mostrar sus argumentos en la Asamblea”, explicó Sánchez.
Ante la decisión, el jurista recomienda que al momento de que el equipo sea notificado de la decisión se impongan los recursos de reposición y apelación. En llegado caso de que se emitida por un acta, el camino sería buscar tribunales internacionales, según Sánchez.
“En el artículo 64 de los estatutos de la Dimayor que hace referencia a las disputas que se puedan presentar entre el ente y uno de sus afiliados, permite que sea resuelta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, aplicando el Código procesal del ICAS (The International Council of Arbitration for Sport (ICAS)The Court of Arbitration for Sport (CAS)”. De momento, el panorama sigue siendo confuso. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se refirió al caso señalando que “la Dimayor es autónoma en las decisiones tomadas. Buscamos consenso”.
