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Domingo, 25 Octubre 2020 - 3:51pm

10 ideas para un gasto público inteligente en seguridad

Según un reciente estudio del BID, en la última década la región ha aumentado un 34% su gasto en seguridad.

Foto Archivo La Opinión
Si se hiciera un gasto público inteligente, el mismo nivel de inversión actual podría prevenir un 30% más de crímenes.
/ Foto: Foto Archivo La Opinión
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Por: Rodrigo Serrano-Berthet | Especialista en seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Amenudo pensamos que la solución a los problemas sociales pasa por invertir más. Sin embargo, pareciera que América Latina y el Caribe ya están haciendo un importante esfuerzo fiscal en el sector de seguridad: el 5,4% del gasto público va destinado a cubrir inversión en seguridad ciudadana y justicia.

¿Es suficiente lo que estamos haciendo? Aunque dedicamos una buena parte de nuestros presupuestos a temas de seguridad, la realidad de los números absolutos es menos optimista. El gasto per cápita en seguridad es la mitad que el de los países de OCDE (US$218 vs US$532) mientras que la tasa de homicidio es casi ocho veces más alta.

Simplemente gastar más no parece ser la respuesta. Según un reciente estudio del BID, en la última década la región ha aumentado un 34% su gasto en seguridad y, sin embargo, los indicadores de seguridad no han mejorado. 

Es más, en los países donde más esfuerzo fiscal se registró entre 2010-2012, solo unos pocos tuvieron un éxito proporcional en la reducción del crimen y la inseguridad. En la mayoría de los casos, el crimen aumentó. En temas de políticas públicas, ¿es suficiente con abrir la billetera?

Antes de gastar más, la región necesita aprender a gastar mejor. La buena noticia es que existen numerosas oportunidades para mejorar los resultados con los mismos recursos. Aquí compartimos diez ideas:

Conocer el nivel de (in)eficiencia para identificar oportunidades para gastar mejor. Al comparar las policías de América Latina y el Caribe con las del resto del mundo, se obtiene una eficiencia relativa del 70%. Eso significa que, si se hiciera un gasto público inteligente, el mismo nivel de inversión actual podría prevenir un 30% más de crímenes. La adopción de un presupuesto basado en resultados que incluya métricas de mejoras en la eficiencia contribuiría a promover una asignación más eficiente de los recursos.

Dar mayor énfasis a las políticas preventivas respecto a las reactivas. Prevenir que se cometa un delito no solo evita el sufrimiento ocasionado por las pérdidas personales y materiales, sino que también resulta más barato que reaccionar ante los delitos consumados y sus consecuencias.

Cuando se comete un delito, el Estado tiene que gastar en policías para perseguir y arrestar al infractor, servicios de justicia para investigar y juzgarlo, un sistema para aplicarle una sanción y promover su rehabilitación, y servicios de reparación del daño para las víctimas. 

Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, las conclusiones son muy favorables a la prevención. Los números aún son más claros en favor de la prevención si se consideran los costos privados y sociales de ese delito y los costos de los delitos prevenidos en el futuro.

“Si se hiciera un gasto público inteligente, el mismo nivel de inversión actual podría prevenir un 30% más de crímenes”

Esto ya lo sabemos hace tiempo. Un estudio de fines de los 90 en California calculó que por cada millón de dólares invertido en endurecimiento de penas se lograba evitar 50 crímenes serios. 

Ese mismo millón de dólares invertido en capacitación de crianza de niños para padres triplicaba el retorno (150 crímenes evitados) y si se invertía en incentivos a los jóvenes a terminar la escuela secundaria se quintuplicaba (250 crímenes).

Focalizar en territorios, personas y comportamientos de alto riesgo. Los delitos se concentran de forma desproporcionada en un pequeño número de lugares, de personas y de comportamientos. La lógica es clara: centrarse en los delincuentes frecuentes y en los barrios problemáticos se permite prevenir un mayor número de delitos con menos recursos. 

Sin embargo, en un análisis de casi 300 programas de seguridad en seis países de América Latina encontró que solo la mitad se centraba en comportamientos antisociales o delictivos, 22% en personas en situación de alto riesgo, y 11% en territorios de alto riesgo.

Financiar intervenciones informadas por evidencia científica en lugar de la intuición. Toda política de seguridad ciudadana que aspire a gastar bien debe construir y financiar un portafolio de intervenciones basada en la evidencia internacional de qué funciona y qué no. Sin embargo, solo el 8% de los casi 300 programas analizados por el BID fueron diseñados teniendo en cuenta la evidencia empírica disponible sobre eficacia o costo- efectividad.

Fortalecer el liderazgo gubernamental en prevención de los factores de riesgo. La mayoría de los países carece de un “líder” institucional claro que asuma esta responsabilidad como parte central de su mandato. Como consecuencia, los programas sociales orientados a la prevención de la delincuencia, focalizados en perfiles de riesgo delictual y basados en evidencia son escasos.

Uno de los países que se destaca en la región es Chile, donde la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior logró implantar a escala masiva programas como el PAIF 24 horas de Chile. Este programa incluye tratamiento con Terapia Multisistémica (MST) para adolescentes con alto riesgo delictual y logró reducciones de la reincidencia de entre 10,5 y 14 puntos porcentuales para los jóvenes de entre 16 y 18 años.

Vigilancia policial proactiva. La región necesita reemplazar el modelo reactivo tradicional, basado en patrullajes aleatorios y respuesta a emergencias, por un enfoque proactivo que se anticipe a la comisión del delito. Hay tres ámbitos que necesitan un financiamiento adecuado: el análisis criminal para identificar la dinámica y la concentración de los delitos, estrategias policiales preventivas para anticiparse a la delincuencia, e investigación policial enfocada en criminales prolíficos y en redes criminales.

Reducir la prisión preventiva injustificada. El 41% de las personas privadas de libertad en la región están en un régimen de prisión preventiva. Se puede mejorar la asignación de prisión preventiva utilizando instrumentos objetivos para la evaluación de riesgo antes del juicio, así como el uso de esquemas de diferimiento del proceso penal.

Una de estas herramientas es la Evaluación de la Seguridad Pública-Tribunal  (PSA-Court) que está siendo implementado a lo largo de los Estados Unidos con resultados muy positivos. Esto podría contribuir a reducir el aumento en la tasa de encarcelamientos y sus altos costos fiscales. Si las tasas de encarcelamiento continúan creciendo al ritmo actual, antes de 2030, su costo podría aumentar más de $13.000 millones de dólares de los niveles de 2014.

Promover alternativas al encarcelamiento que sean costo-efectivas. Un 32% de los privados de libertad había consumido alcohol o droga durante las seis horas antes de cometer el delito por el cual están presos. Pasar por la cárcel aumenta la posibilidad de reincidir y puede agravar el consumo de drogas. 

Una alternativa son los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), que reemplazan el internamiento en una prisión por tratamiento de desintoxicación y supervisión judicial intensiva. Los TTD pueden reducir entre 8 y 12 puntos porcentuales la reincidencia delictiva con respecto al procesamiento tradicional de delitos relacionados con las drogas con un retorno de US$2,84 por cada dólar invertido. 

Organizar las cuentas públicas para poder saber en qué se gasta y qué resultados se obtienen. La información sobre la asignación y eficacia del gasto en seguridad es, en general,opaca y escasa. Se necesita avanzar en una modernización de los presupuestos que permita conocer cuánto gastamos en prevención versus reacción, investigación o sanción de un delito, así como estimar el costo de la cadena de valor en seguridad, y realizar estudios de costo-eficiencia y costo-beneficio.

Conseguir que el gasto público inteligente en seguridad ciudadana sea políticamente atractivo. Debido al dolor y al miedo causado por la violencia y el delito, las voces que más se escuchan en el espacio público generalmente piden represión más que prevención. Entre 2012 y 2014, la proporción de latinoamericanos a favor de medidas punitivas aumentó del 47% al 55% mientras que la de aquellos a favor de la prevención disminuyó del 37% al 30%. Existe, sin embargo, una tercera vía más pragmática y científica, que combina elementos punitivos y preventivos de manera integral y cuyo impacto en la reducción de delincuencia está basado en evidencia científica.

¿Por qué focalizar esfuerzos?

Lugares: se estima que el 50% de los delitos se concentran en el 5% o 6% de los segmentos de calles en las ciudades de Estados Unidos y Europa (Weisburd, 2015), y entre el 3% y el 7,5% en las ciudades de América

Personas: cerca del 10% de la población es responsable del 66% de los delitos. Por ejemplo, en Montevideo, una encuesta reveló que el 2% de la población es responsable del 70% de los incidentes violentos.

Comportamientos: ciertos comportamientos facilitan la comisión de delitos, tales como portar un arma de fuego (particularmente si es ilegal), consumir alcohol en exceso (por su relación con el riesgo de violencia), o la asociación con grupos de personas o pandillas que infringen la ley (porque aumenta la exposición de un individuo a actos ilegales).

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