Al menos unos cuatro mil vehículos, en su mayoría de placas venezolanas, prestan el servicio de transporte de pasajeros en Cúcuta y el área metropolitana sin autorización de las autoridades de transporte.

Por esta situación, que afecta de manera contundente la economía de más de 20 mil familias que dependen del transporte formal de pasajeros, el gremio de conductores de taxi le exigieron a la alcaldía y a la policía controles efectivos y permanentes contra la piratería en el transporte.

“La Dian debe intervenir para inmovilizar los carros venezolanos que están prestando un servicio de transporte no autorizado”, reclamó Alfonso González, presidente del sindicato de conductores de taxi.

Tarifas, a estudio

La alcaldía se comprometió a suscribir un convenio con la Universidad Simón Bolívar a fin de adelantar en enero próximo el estudio que determine la nueva tarifa de la carrera mínima que entraría a regir en  2019.