Representantes de usuarios y vecinos de las comunas 7 y 8 señalaron que no están dispuestos a permitir que la ESE Imsalud adjudique un contrato a 20 años para poner en manos de un tercero los servicios de trauma y ortopedia en el Policlínico de Atalaya.
Según el cronograma del proceso de licitación que está en marcha, la adjudicación se producirá este viernes 2 de marzo en audiencia pública; de ahí que el martes al mediodía, comunales y usuarios anunciaron un plantón para este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, en la sede del Policlínico.
Durante el acto, exigirán a la gerente de la ESE Imsalud, Katherine Calabró, las explicaciones que aún no les ha querido dar, en cuanto tiene que ver con los motivos para entregar a operadores privados por 20 años los servicios de ortopedia y traumatología.
También para que les presente los estudios técnicos y financieros que se llevaron a cabo para proceder en tal sentido, así como los argumentos de la junta directiva de la entidad para aprobar el proceso.
Nada de esto ha dado a conocer Calabró, pese a que la funcionaria se comprometió con los líderes de las comunas 7 y 8 a que lo haría, “pero solo después de que esté adjudicado el contrato, cuando ya no se pueda echar para atrás nada”, dijo Doris Palencia, usuaria del Policlínico.
Según la convocatoria, el presupuesto de la Ese Imsalud no se afectará, pues el elegido para operar el contrato deberá asumir los costos en la construcción y dotación del centro de trauma y ortopedia.
Esto no les suena a los líderes y a los usuarios del policlínico, “dado que en un contrato por veinte años los inversores son los que se llevarán la tajada más grande, como quiera que lo que se va a concesionar es lo que más produce”, sostiene el edil Alfonso Parra.
Significa —explica el líder— que los más pobres, que son los que van al Policlínico, pagarán más por el servicio, porque está en manos privadas.
El concejal Oliverio Castellanos dijo que no se puede permitir que con lo público se beneficie al privado: “es desangrar lo público”, dijo.
Este martes, en recorrido de La Opinión por las comunas 7 y 8, el comentario que más se escuchó sobre la citada licitación que será adjudicada el próximo viernes, es que se trata de un contrato para un amigo del condenado exalcalde Ramiro Suárez, “porque en Imsalud no se mueve una hoja sin orden de él”
Ayer aún no aparecía en la página del Secop los nombres de las firmas proponentes, pese a que el plazo para ello venció el pasado 22 de febrero.
Al ser indagada sobre la afirmación de los vecinos de las comunas 7 y 8, Calabró negó que sea así, “ya que desde el año pasado se emprendieron estudios para reunir la información para proceder con la convocatoria, la cual fue entregada a la junta directiva, que es la encargada de tomar las decisiones”.
La junta directiva la conforman el alcalde, César Rojas; la secretaria de Salud, Judith Ortega; la representante del sector asistencial Ese Imsalud, María Claudia Villamizar; el representante de los usuarios, Orestes Torres, y la representante sector administrativo Ese Imsalud, Miriam Quintero.
“No se va a vender”
Uno de los motivos por los cuales la Ese Imsalud eligió acudir a una alianza con un inversionista particular fue, según la gerente Khaterine Calabró, la falta de capacidad financiera y de infraestructura.
El Policlínico de Atalaya, aseguró la funcionaria, no se va a vender ni a privatizar; el servicio se seguirá prestando a los usuarios, salvo que mientras se construya el centro de trauma y de ortopedia ellos tendrán que ir a la unidad básica de Comuneros, por unos seis o siete meses.
Imsalud tendrá una participación en el contrato (10%), de la facturación que haga el inversionista particular. Al término de los 20 años, lo construido y la dotación del mismo pasará a manos de la ESE Imsalud, dijo Calabró. Al centro de traumas estará unida una red reguladora de emergencias, similar al Crue regional que hoy existe.
