La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, con sede en Bogotá, deberá decidir si archiva o abre investigación disciplinaria contra la gerente del Área Metropolitana, Patricia Gallego, y varios alcaldes que incurrieron en presuntas irregularidades en la aprobación de un convenio de cooperación empresarial suscrito entre Transpetrolea y Transtonchalá.
El procurador regional, Edgar Fandiño, señaló que por las pruebas recaudadas en la instrucción y por la calidad de uno de los posibles disciplinados, el alcalde César Rojas, su despacho no es el competente para seguir conociendo el proceso.
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El caso en el Ministerio Público tuvo su origen, de oficio, luego de la denuncia que hizo ante la Fiscalía, en febrero de 2018, el entonces director de Transporte del Área Metropolitana, José Gregorio Botello, en la que afirmó que la gerente de dicha entidad y los alcaldes de Cúcuta, César Omar Rojas; Los Patios, Diego González; El Zulia, Elkin Caballero; San Cayetano, Luis Javier Agudelo, y de Puerto Santander, Henry Valero, lo obligaron a firmar el citado convenio.
Botello denunció que fue blanco de persecución por parte de su jefe inmediato y de los citados alcaldes, razón por la cual primero renunció y después le cancelaron su contrato de trabajo.
Botello los denunció por prevaricato por omisión, abuso de autoridad, omisión de denuncia y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
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Botello expuso que dicho convenio no era viable ni técnica ni jurídicamente, por no cumplir con los requisitos de ley, pero pese a ello dijo que fue forzado a avalarlo, ‘eso sí, dejando constancia explícita de que la autorización se otorgó por presión de la junta directiva metropolitana, efectuada el 28 de febrero de 2018’.
Luego de esta denuncia, los alcaldes desataron una persecución en su contra, a tal punto que finalizando octubre de 2018, en reunión de junta directiva del Área Metropolitana, fue aprobada la resolución 155 del 24 de octubre, en la que se ajustó el manual de funciones, requisitos y competencias laborales del Área Metropolitana, dirigida a quitarle a Botello las facultades en la subdirección de Transporte, que le fueron asignadas Gallego.
En noviembre 2018, Botello solicitó a la Fiscalía el traslado a Bogotá del proceso que cursa en Cúcuta, por los mismos hechos que investiga la Procuraduría, tras argumentar que no existen garantías para que se procese a Gallego y a los cinco alcaldes del área metropolitana.
