Yolanda Ramírez no es la misma desde el pasado 25 de noviembre, cuando el flagelo del secuestro se ensañó sobre ella.
Esta contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encontraba adelantando una charla sobre reconciliación con comunidades campesinas de la vereda Río Nuevo, del municipio de Tibú, donde dos hombres, a bordo de una motocileta, se atravesaron en su camino y fue privada de la libertad.
Duró cinco días en cautiverio y fue entregada hace ocho días a delegados de la Iglesia Católica y a la Personería de Tibú, pero hasta el momento no se ha recuperado de las heridas físicas y emocionales, que fueron infringidas durante la semana de su rapto.
La mujer, de 46 años, aún se siente confinada en la pesadilla, que vivió en poder de presuntos guerrilleros del Eln. Desde su liberación, no ha querido salir a la calle y permanece encerrada en su casa. No ha ido a hacerse un chequeo médico, se le dificulta dormir y se debate entre quedarse en esta zona del Catatumbo o acudir al destierro de la tierra que la vio nacer.
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Pero, su hogar tampoco se sobrepone a la incertidumbre, que se padeció por el temor de que esta privación de la libertad tuviera un desenlace fatal.
“Mis hijos se estaban volviendo locos con esta situación. Uno de ellos se fue caminando, porque decían que le iban a soltar a la mamita. En ese momento, alguien le preguntó: ¿usted para dónde va? y él no le contestó, y siguió, hasta que mi esposo se fue a buscarlo y lo encontraron en un paraje alejado (…) Este hecho destrozó la integridad de mi familia”, confesó la exsecuestrada.
El secuestro
Esta técnica en educación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) fue plagiada en horas del mediodía, con una compañera de trabajo, quien fue liberada horas después.
Su periplo por la selva, en custodia de los secuestrados, lo narra con lujos de detalle y todavía se descompone mientras revuelca en su memoria los recuerdos de ese cruel epidosio.
“Recorrimos cerca de dos kilómetros y yo iba a bordo de mi moto (…) Me llevaron a un sitio apartado y desolado, que no pude reconocer, porque siempre permanecí con los ojos vendados”, relató.
Los delincuentes nunca le explicaron la razón del rapto. Aunque ella les recordaba que su trabajo era para el beneficio de las comunidades, los sujetos se limitaban a tranquilizarla y a decirle que iba a recibir un buen trato.
“Yo no alcancé a identificar a nadie. Únicamente me dejaban comer. Comía arroz, caraotas y suero costeño, que sabía a leche podrida. Las veces que abría los ojos, solo veía gente de lejos, pero nunca vi a nadie cerca. El lugar era una casa finca, apartada, con vegetación al lado y lado”, aseguró
El perdón de sus captores
(Cientos de familiares y amigos de Yolanda se movilizaron por las calles de Tibú para rechazar el plagio. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación de este caso, que se presentó en zona de frontera con Venezuela.)
La liberación de esta contratista se produjo el sábado 30 de noviembre, luego de varias movilizaciones, que adelantaron amigos y familiares, clamando el regreso al seno de su hogar.
En los carteles, que se exhibían durante estas concentraciones, sus allegados destacaban su labor hacia la niñez y su entrega por el trabajo comunitario.
“Nuestra familia está incompleta. Nos falta ella. Te esperamos, punguis”, se leyó en una de estas pancartas.
Mientras estos mensajes se exhibían por las calles de Tibú, Yolanda se aferraba a la esperanza de recobrar su libertad, porque los secuestradores le habían dicho que en cualquier momento la iban a soltar.
“Cuando me soltaron, me sacaron de donde estaba y me montaron en una camioneta. Recorrimos una distancia larga, hasta que se detuvieron y sentí que los hombres se bajaron. Alcancé a ver la hora y eran las 2 de la tarde (…) Pasó mucho tiempo y sentí que se detuvieron otra vez y me bajaron el carro. Me dijeron que los disculpara, que habían cometido un error con lo que me hicieron”, narró.
Fiscalía investiga el hecho
La Fiscalía General de la Nación asumió esta semana la investigación por este secuestro, que se presentó en una zona con injerencia del Eln por ser territorio fronterizo con Venezuela.
“Las indagaciones sobre este caso las asumió el ente acusador, con ayuda de policías judiciales (…) Es normal que ella tenga ese temor, por su condición humana y más, después de sufrir un secuestro”, indicó el coronel Fabián Ospina, comandante de la Policía de Norte de Santander.
En lo corrido de este año, las autoridades han atendido 8 acciones violentas de esta naturaleza. En 2018, hasta la fecha se habían presentado 13 casos.
Al finalizar su relato, Yolanda seca sus lágrimas, pasa el nudo de tristeza que se le aloja en la garganta, y reconoce que las comunidades de este sector del Catatumbo se encuentran expuestas a quedar en medio de las acciones protagonizadas por grupos al margen de la ley.
“El Gobierno Nacional debe prestarle atención a estos hechos, para que no se vuelvan a presentar, porque mi familia, ni mucho menos yo, podremos ser los mismos después de sufrir el drama del secuestro”, reclamó.
