Adueñarse del espacio público es el pecado más frecuente que se comete en la zona céntrica de Cúcuta.
A la par con las ventas ambulantes en los andenes y los parqueaderos improvisados que se forman en las esquinas, ahora hay que añadir la instalación de los conos naranjas para privatizar la vía pública.
Cabe resaltar, que instalar estos elementos requiere de un permiso de la secretaría de Tránsito, que sólo lo otorga por razones de seguridad, y a ciertos establecimientos.
Algunos ejemplos son entidades gubernamentales (Alcaldía o Gobernación), o medios de comunicación.
También es válida la solicitud para los hospitales, ya que es indispensable tener las vías despejadas para la llegada de una ambulancia.
Sin embargo, son los locales comerciales los que se están adueñando de las calles de esta manera, violando las normas legales.
“El problema es que la gente quiere siempre hacer todo a su manera, sin pedir permiso”, resalta José Luis Duarte, secretario de Tránsito de Cúcuta.
“Reiteramos a los establecimientos comerciales que poner un cono para evitar que la gente parquee, que porque le corre los clientes, está totalmente prohibido”, agregó.
Esta es una queja frecuente de los peatones del centro, que reclaman a la autoridad mayor presencia para recuperar las áreas que son de todos.
Zonas neurálgicas
La secretaría de Gobierno Municipal ya tiene detectadas los sectores donde frecuentemente se presentan denuncias de la ciudadanía en relación al tema.
La avenida Gran Colombia, la Diagonal Santander y barrios como Caobos, La Cabrera, la Playa y La Merced son zonas donde viven haciendo operaciones de control.
“Allí, la gente incluso instala cadenas, tubos y barandas”, destacó el secretario de Gobierno, Óscar Gerardino. “Todo ese material es retirado en las operaciones”.
Durante estas actividades, que se hacen con presencia del inspector de Policía, se entra a sancionar al infractor, mediante el Código de Policía.
Habla la norma
Privatizar de esta manera el espacio público conlleva una sanción tipo 1 del Código de Policía, de 98.300 pesos.
Adicionalmente, se hace el decomiso o destrucción del bien con el que se incurra en esta ocupación ilegal.
En este sentido, el último reporte brindado por las autoridades en septiembre, daba una cifra de 75 órdenes de comparendo por invadir el espacio público en distintas modalidades.
