Los concejales de Cúcuta coincidieron ayer en tres cosas en relación al proceso de licitación para concesionar por veinte años la operación del centro de trauma y ortopedia que la ESE Imsalud pretende en el Policlínico de Atalaya: que el proceso se ha hecho a espaldas de la comunidad, que no se conocen los estudios técnicos y financieros y que aún no se cuenta con el aval de las autoridades competentes (IDS y Minsalud).
Ante estas circunstancias, hubo algunos concejales como Víctor Fidel Suárez, Oliverio Castellanos y Carlos Camero, que consideran apenas razonable que se suspenda la licitación por 16.000 millones de pesos que está en marcha, para que la comunidad y el Concejo conozcan en profundidad el por qué de la decisión de entregar a un inversionista particular la operación de los servicios del citado centro.
Este jueves, la directora de la entidad, Katherine Calabró, volvió a insistir en que el Policlínico no se va a vender ni a privatizar. “Por el contrario, lo que vamos es a ampliar la cobertura y el portafolio de servicios”.
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Para el líder de Atalaya, Armando González, si esto es así, “no se explica por qué Imsalud no ha hecho público los estudios que se hicieron para crear el mencionado centro, ni tampoco el hermetismo que ha mantenido durante el proceso de licitación, que se emprendió un mes atrás”.
Calabró dijo que fue la junta directiva, en su autonomía, la que ordenó la contratación del centro de trauma y ortopedia.
Aseguró que del centro conoce el Concejo de tiempo atrás, porque está en el documento de red del Instituto Departamental de Salud (IDS), desde el año 2014.
Esto lo negó el presidente del Concejo, Jaime Marthey, quien aseguró que hasta ayer no se conocía nada del proceso que adelanta Imsalud.
Es más, Marthey reveló que había acudido al director del IDS, Juan Alberto Bitar, para indagarlo sobre si la construcción del citado centro de trauma y ortopedia tenía el aval de esa dependencia, y la respuesta fue: no. “Me dijo que se requería de un concepto previo y favorable y el mismo no se ha expedido ni mucho menos el que debe emitir el Ministerio de Salud”.
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Tampoco se explica por qué Imsalud le va a meter mano al Policlínico de Atalaya siendo una de las pocas Ips que está generando utilidades, subrayó el presidente del cabildo.
Es el más rentable
La Opinión conoció que el Policlínico de Atalaya es el que más recursos percibe por la prestación de servicios médicos (unos 6 mil millones de pesos anuales) lo cual hace paradójico que el municipio pretenda entregar en concesión la Ips que sostiene financieramente los servicios de las otras 35 Ips de la red prestadora de la Ese Imsalud.
El concejal Carlos Camero coincidió con Marthey y a la vez cuestionó que sea un particular el que explote el citado centro, y no directamente Imsalud. “Como no nos han informado nada del proceso, vamos a proponer que se haga un control político excepcional a Imsalud”, dijo.
A su turno, el concejal conservador, Víctor Fidel Suárez, dijo que él también había hablado con Bitar, y éste le aseguró que no había autorización del Ministerio de Salud ni del IDS para llevar a cabo la construcción del centro de trauma y ortopedia.
“Le pregunto a Imsalud por qué no se generó un crédito y se asumió directamente la operación del centro”, reflexionó Suárez. “Considero que si hay que hacer un alto en esta licitación, que se haga”.
“Hay improvisación”
(Carlos Camero, Óscar Angarita y Oliverio Castellanos.)
El concejal Oliverio Castellanos cuestionó que se vaya a emplear infraestructura y recursos públicos para beneficiar a un particular. “Lo que se está viendo es que Imsalud montó la bestia antes de ensillarla, al pretender adjudicar algo que todavía no cuenta con los avales de las autoridades de salud”.
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Por último, el concejal Oscar Angarita sostuvo que esto que está pasando es producto de la improvisación de la administración municipal.
Ayer se conoció que se había ampliado el plazo hasta hoy para la evaluación de la única propuesta presentada por la propuesta por la sociedad Futura Capitol Salud, integrada por KC Log.colombia S.A.S., Grupo Empresarial Capitol SL, Bioreuma S.A.S. y Álvaro Omar Guerrero Díaz.
La comunidad cuestionó también que en el reparto de utilidades que genere el centro de trauma y ortopedia al inversionista privado le corresponderá el 86%, al interventor el 4% y a Imsalid solo el 10%.
