Indagar sobre posibles hechos de corrupción en las pilas públicas, analizar los avances del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y hacer control político a los funcionarios, son algunos de los temas que se desarrollarán en el primer periodo de sesiones ordinarias de 2018 en el Concejo de Cúcuta, que se iniciaron ayer.
Al respecto, el concejal Oliverio Castellanos pidió a la Contraloría municipal estar alerta frente a la “presunta corrupción en las pilas públicas”, y agregó que en materia del POT “no queremos que cuando llegue al Concejo haya posibles irregularidades”.
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Señaló que la corporación no puede “permitir un plan para expansión del cemento y negocios”, dado que el POT “es para pensar en medio ambiente y cambio climático, suministrar agua para sectores residencial e industrial, manejar las zonas verdes, y no para hacer negocios de expansión de tierras”.
En este sentido, aseguró que hay quejas sobre presuntas irregularidades “en el tema de las lavanderías industriales” con “personas que están pidiendo plata, para que sigan donde están”, razón por la que pidió vigilancia de parte del Departamento Administrativo de Planeación.
Así mismo, recordó que los controles políticos deben ser “para medir y no para aplaudir”.
“Cómo estamos en el tema ambiental, hay más desempleo, inseguridad, cómo están las vías desde que está César Rojas”, cuestionó.
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Por su parte, el presidente del Concejo, Jaime Marthey, manifestó que además del análisis que se hará sobre el POT se revisarán las concesiones “porque se han recibido quejas en relación con el cumplimiento de las mismas”, y se anunció un control político excepcional a las autoridades, a propósito de la inseguridad en la ciudad.
De otro lado, la Asamblea del departamento también inició actividades para realizar los respectivos controles políticos a los secretarios, y analizar los proyectos de acuerdo que quedaron pendientes en las sesiones extraordinarias, entre ellas, la aprobación de compra de un predio en Ragonvalia, para ejecutar un proyecto de vivienda.
