Un enérgico llamado al mantenimiento de la infraestructura deportiva existente en Cúcuta hizo el Concejo, con el fin de que la Alcaldía evite un posible detrimento patrimonial por descuidar parques construidos en administraciones pasadas.
Así se concluyó en el control político al Imrd en el que se instó al ente territorial a proteger las inversiones hechas con recursos públicos.
En desarrollo del control, se recordó la destinación de 5.700 millones de pesos para parques biosaludables por Donamaris Ramírez, catalogada como una de las políticas públicas de deporte mejor implementadas.
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Sin embargo, “¿a cuántos les han hecho mantenimiento? Porque eso también es detrimento patrimonial, dejar acabar una inversión del municipio”, señaló el concejal Víctor Suárez.
Por su parte, el concejal Oliverio Castellanos manifestó su inconformismo por la falta de claridad en relación con el mantenimiento de los parques, pero también de su manejo integral, con el fin de que no se estén “pasando la pelota” entre Planeación, Infraestructura, Gobierno y el Instituto.
Así mismo, comentó que si la Alcaldía aún no ha logrado administrar los escenarios existentes, qué sentido tendrá seguir construyendo otros y recibiendo los que mejorará la Gobernación, si quedarán en el abandono.
Política pública
De otro lado, el concejal Suárez advirtió la necesidad de que el Instituto coordine una política pública de fomento al deporte y al deportista local, “porque da tristeza cuando llegan deportistas a pedir para el pasaje, para ir a representar a Cúcuta en eventos”.
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En este sentido, el concejal César Arbey Torres recordó el caso de los deportistas de BMX, con un apoyo casi nulo, y que “han ido a competir, pero a expensas de los padres de familia”.
“Me parece que el municipio maneja un presupuesto demasiado corto y deberíamos hacer una mejor distribución”, dijo. “Aquí no solamente son calles comunidad-gobierno, sino que hay que recuperar todos nuestros parques”.
También, se cuestionó la casi interminable entrega de camisetas y sudaderas a los habitantes y asociaciones, calificada como ilógica, cuando luego no se ve a los adultos mayores, por ejemplo, haciendo actividad física.
“¿Será que las están entregando por entregarlas? ¿Por favores políticos? ¿Por hacer el contrato? ¿O como una política pública planificada? Esa es la pregunta que tendrá que resolver, en su momento, la Contraloría”, comentó Suárez.
