La concesión que manejará los servicios de la secretaría de Tránsito quedaría adjudicada hoy al único oferente que entregó su propuesta el 24 de noviembre: Consorcio servicios de tránsito y movilidad de Cúcuta.
Si la firma es elegida en la jornada de hoy, deberá encargarse durante 20 años de la modernización de los servicios que incluyen el registro de conductores y automotores, licencias de tránsito, infracciones y accidentes de tránsito, centros de enseñanza automovilística.
También, registro de seguros, personas y entidades que prestan servicio público, y el sistema de detección y fiscalización electrónica de infracciones de tránsito.
Así mismo, de la operación y administración de las zonas de estacionamiento en vía pública; la recuperación de cartera, y la modernización de la central semafórica y las 102 intersecciones semafóricas existentes.
La empresa fue habilitada por el comité evaluador el 29 de noviembre, con un puntaje de 882.7 puntos, sobre mil.
Está integrada por: Advanced Technologies & Solutions Group SAS, con el 30 por ciento de participación; Juan David Ángel Botero, con participación del 28 por ciento; Taborda Vélez & CIA S. en C, con el 15 por ciento, y el 27 por ciento restante de Molsoplast SAS.
La polémica rodea a algunos de los integrantes del conglomerado pues según reseñan diversos medios de comunicación, el representante de Taborda Vélez, quien solía ser fabricante de muebles hoy es catalogado como uno de los mayores contratistas de tránsito en el país.
Su socio, Juan David Ángel Botero, fue acusado por la Fiscalía por las irregularidades en la recolección de firmas del referendo para la relección del expresidente Álvaro Uribe, aunque esta investigación precluyó en 2013.
Por su parte, la empresa Advanced Technologies & Solutions Group SAS tiene origen en Bucaramanga y se dedica a consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, mientras que Molsoplast ya intentó contratar con la secretaría de Tránsito, en diciembre de 2016 para instalar un software para complementar la operación del organismo de tránsito.
Sin embargo, su exprepresentante legal, Danilo Ramírez Valero, y la secretaría, terminaron el contrato en marzo de este año, sin desembolsar un peso de los 30 millones.
Actualmente, la empresa tiene una nueva representante legal: Yamila Vargas Gutiérrez.
Según el concejal Nelson Ovalles, el concejo autorizó y facultó al alcalde para efectuar esta licitación y “bajo los postulados de la buena fe, no podemos salirnos de ese marco jurídico pero hemos compartido la declaratoria desierta en ocasiones anteriores, porque las cosas se hacen bien o, mejor no se hacen”.
Si bien la expectativa de la misma secretaría de Tránsito de garantizar un número de oferentes mayor no se cumplió, el concejal indicó que no es facultad de la corporación sino de los entes de control entrar a evaluar.
Por su parte, el concejal Oliverio Castellanos espera que la empresa sea “seria y se modernice la ciudad, con una buena prestación del servicio, para que se acabe la corrupción“.
Dudas por un radar
El 24 de noviembre, se publicó un borrador de licitación por 808 millones de pesos para un radar, luxómetros y profundímetros.
Aunque estas dos últimas herramientas sirven para evaluar los vidrios polarizados y el estado de las llantas, en el Concejo se cuestionó la adquisición del radar, debido a que se utilizará para detectar velocidad, condición que reñiría con el objeto de las fotomultas, inicialmente previstas para vehículos mal parqueados, y aquellos que ignoren normas de tránsito.
Ante esto, el secretario de Tránsito, José Luis Duarte, insistió en que el contrato no tiene nada que ver con la concesión, y que estos aparatos serán entregados a la Policía.
“El radar lo queremos utilizar en la avenida Sevilla, por ahora, y la avenida 7, en donde se incrementan los accidentes por exceso de velocidad”, dijo.
