Representantes de las veedurías ciudadanas exigieron mayor celeridad a los órganos de control de Cúcuta y la Nación, para evitar la impunidad en presuntos hechos de corrupción en los que estarían involucrados funcionarios de entidades descentralizadas, alcaldías y Gobernación de Norte de Santander.

El clamor se produjo en desarrollo de la Audiencia Pública de Transparencia de la Comisión Regional de Moralización y la Presidencia de la República, durante la cual los veedores expresaron sus reparos por la pasividad con que se avanza en las investigaciones para poner al descubierto a los responsables.

El veedor ciudadano Francisco Palacios denunció que no se explica cómo una empresa que no participó en la licitación que adjudicó el contrato 030 de operación del acueducto y alcantarillado de Cúcuta, Aguas Kpital Cúcuta,  esté hoy al frente de esa misión. “De esto no se ha recibido ninguna respuesta desde hace seis años que formulamos la denuncia en todos los órganos de control”.

Pero mucho más grave que esto —dijo Palacios— es que a través de una empresa denominada fundación V&C se esté prestando y cobrando el servicio de acueducto a los pobres de Cúcuta”. Hoy, los usuarios de estrato 1 están adeudando más de 4.000 millones de pesos a esta fundación que recauda unos $2.000 millones mensuales.

La contralora municipal, Blanca Cruz González, respondió frente a esta denuncia que hace un año que asumió el cargo impulsó una auditoría y de ahí se desprendieron dos procesos de responsabilidad fiscal por más de 7.000 millones. De estos procesos ya se iniciaron las indagaciones preliminares y el periodo de pruebas. Aclaró que su actuación se ha cumplido acorde a la ley y fe de ello es que procedió a dar traslado del caso a la Fiscalía y a la Procuraduría. 

Subrayó que quien tiene la competencia para liquidar ese contrato es el alcalde, César Rojas.

El delegado del contralor general de la república, Héctor Fabián Parra, invitó a Palacios a confrontar pruebas y a verificar el proceso.

Otro veedor ciudadano, Roberto Cárdenas Solano, hizo una serie de denuncias sobre contratos que fueron celebrados por la Alcaldía y por Tránsito de Cúcuta, frente a los cuales no se ha conocido ningún resultado de investigación alguna de los órganos de control.

Uno de los contratos fue el de generación de empleo o plan choque celebrado en 2016 por el municipio de Cúcuta con la Corporación América Bar (Cambari), por un valor de 16.500 millones de pesos para que se barrieran calles y parques. En uno otrosí que se firmó, la gobernación aportó 700 millones y Corponor 1.000 millones, supuestamente para pagar la seguridad social a esos empleados que se contrataron.

“No es posible que a esas personas las contrataran por cinco meses y les pagaran 300 mil pesos. Si se multiplica lo pagado por el tiempo trabajado, suma 5.700 millones de pesos. Entonces, ¿quién se quedó con los 12.000 millones de pesos restantes?, les preguntó a los órganos de control Cárdenas.

Otro contrato es el suscrito con Calidad Total SAS, por 16.520 millones de pesos, para contratar aseadoras y celadores para los colegios. Según el veedor, se contrataron 1.000 personas, que trabajaron diez meses por un salario mínimo mensual vigente. 

Denunció que cada persona no recibió más de 9 millones de pesos en todo el año, lo que equivale en total a 9.000 millones. ¿En manos de quién quedaron 7.520 millones?, se preguntó Cárdenas.

Cuestionó otro contrato para pintar las cebras de las intersecciones viales, celebrado por Tránsito de Cúcuta, por un valor de 500 millones de pesos, y un adicional por 250 millones, cuando en contratos similares efectuados en otras ciudades esa misma misión no supera los 45 millones de pesos.

Denunció también sobrecostos en contratos de arrendamiento, uno de ellos, por nueve meses,  pagado en las dos bodegas de Cenabastos donde funciona Tránsito, por 133 millones, algo así como 14 millones mensuales, cuando en ese sector no supera los 2 millones el canon de arrendamiento.

En remodelaciones de dependencias, los sobrecostos están a la orden del día, dijo Cárdenas, quien  denunció que en la que se hizo en las oficinas de Planeación costó 300 millones de pesos, lo que vale construir un edificio, dijo.

El calor de la audiencia subió de intensidad cuando este veedor dijo que todas las denuncias las tienen que formular en Bogotá, porque en Cúcuta no pasa nada con los órganos de control. Solicitó a la contralora, Blanca Cruz González, que se haga a un lado y ceda el cargo, ya que ella no tiene moral para investigar al gobierno del alcalde César Rojas, porque hizo parte de su campaña a la alcaldía.

Cruz respondió de inmediato con un regaño al veedor, invitándolo a que si tenía pruebas las presentara ante las instancias judiciales. Esta actitud fue también reprochada por los demás veedores, que obligaron a la contralora a pedir disculpas.

La contralora explicó que los contratos de Cambari y el de señalizaciones viales  están en auditoría y aún no se tiene informe final.

Los delegados de la Comisión Regional de Moralización y la Presidencia de la República tomaron atenta nota de cada una de las denuncias para dar traslado a cada una de las instancias competentes.

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años al excontralor de Cúcuta, Carlos Eduardo Coronel Gutiérrez (2012–2015), al hallarlo responsable por obtener un incremento patrimonial injustificado durante el año 2014. 

El Ministerio Público estableció que para ese año el disciplinado presentó una diferencia a su favor entre sus ingresos y gastos de $53.369.000, cifra que no pudo sustentar durante la investigación disciplinaria. 

De acuerdo con un peritaje realizado a sus balances financieros, realizado por funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Coronel Gutiérrez tuvo ingresos en el 2014 por 235.793.000 pesos, y gastos por 289.162.000 pesos. 

Para establecer la diferencia entre los ingresos y egresos del exfuncionario, el Ministerio Público confrontó los recursos obtenidos, desglosados como ingresos laborales, préstamos de dinero, venta de activos, disminución de saldos en cuentas bancarias y otros recursos de efectivo, frente a sus egresos, clasificados como gastos de manutención, inversiones, compra de activos, cancelación de pasivos, aumento de saldos bancarios, gastos financieros y compras con tarjetas de crédito y débito. 

Para el Ministerio Público, la acción de Coronel Gutiérrez vulneró el principio de moralidad en la administración pública que exige a los funcionarios públicos actuar con rectitud, lealtad y honestidad en sus actuaciones administrativas.

El fallo de primera instancia puede ser apelado.