El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo un llamado al presidente electo, Iván Duque Márquez, a garantizar el financiamiento y la operación eficiente del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como a la puesta en marcha de las reformas de fondo que se requieran para la a prestación del servicio a cerca de 5 millones de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
El jefe del Ministerio Público enfatizó en la “necesidad urgente e inaplazable de enfrentar las complejas dificultades del programa”, especialmente la falta de una adecuada financiación que logre el funcionamiento eficaz, oportuno y de calidad, que cierre las puertas a la corrupción y a todas las prácticas que atenten contra los recursos destinados al programa.
“En sus funciones preventiva y disciplinaria, la entidad ha podido establecer los principales problemas del PAE, resaltándose como primera preocupación, el no acceso al servicio y la deficiente calidad de los alimentos a los niños. En algunas regiones del país, aún no se ha implementado en el presente año el programa, y constantemente, se suspende su provisión, o se atiende solo parcialmente a los estudiantes”.
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Cúcuta, en riesgo
El procurador General advirtió, que además de los cerca de 200 procesos disciplinarios que se adelantan por irregularidades en el PAE, el Ministerio Público ha establecido que algunas entidades territoriales están en riesgo de no lograr la prestación del servicio por no disponer de los recursos suficientes.
“Los casos más preocupantes corresponden a los municipios de Cúcuta y Soacha, que han tenido un aumento significativo en sus matrículas durante el último año, en razón a la llegada de estudiantes provenientes de Venezuela, afectados por la situación humanitaria que atraviesa el vecino país”.
Carrillo Flórez explicó que la ciudad de Cúcuta, que atiende a 58.000 beneficiarios, entre los que se cuentan cerca de 6.000 nuevos estudiantes provenientes de Venezuela, solo cuenta con contrato para el operador del programa hasta agosto y requiere cerca de $9.000 millones para lograr finalizar el año sin suspender el servicio.
Frente a la situación de Soacha, sostuvo que esta administración apenas podrá mantener el servicio de alimentación escolar hasta hoy, por lo que requiere cerca de $5.000 millones para garantizar su actual cobertura, que en 2018 aumentó en 1.000 nuevos beneficiaros provenientes del vecino país.
“En situación similar se encuentran los departamentos de Guaviare y Vichada, que en abril ya suspendieron el programa y, de no disponer de los recursos suficientes, tendrán que interrumpirlo nuevamente antes de que termine el calendario escolar, afectando a 27.000 estudiantes”.
Carrillo Flórez agregó que la situación de Chocó (105.000 beneficiarios) y Antioquia (204.000 beneficiarios) también genera preocupación porque “a la fecha no se tiene claro cómo se financiará el PAE en los últimos meses del año”.
Lo anterior, se suma al difícil escenario que presenta el Distrito de Cartagena y el municipio de Montería con 89.000 y 30.000 beneficiarios priorizados respectivamente. En estas entidades territoriales, a pesar de contar con los recursos suficientes, no han concretado la contratación del operador, y en consecuencia, a la fecha no han prestado el servicio de alimentación escolar ni un solo día del presente año.
