Entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año 311 líderes de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.
Norte de Santander figura entre los departamentos donde más muertes se han registrado, por lo que la comunidad de la región se unió a esta velatón. En el parque Santander hicieron presencia varias personas desde las 6 de la tarde y además de encender velas para pedir que terminen los ataques contra los líderes, elevaron plegarias por la vida.
Como en otras ciudades, en Cúcuta, se llevó a cabo esta acción que busca llamar la atención sobre esta problemática que ha cobrado varias vidas en los últimos días, entre ellas la de José Fernando Jaramillo Oquendo, un miembro de la Junta de Acción Comunal de Pascuita, vereda El Torrente de Ituango, quien asesinado este viernes, mismo día en que se lleva a cabo la acción de protesta pacífica.
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Así se vivió la ‘velatón’ en Cúcuta
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— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) 6 de julio de 2018
Se debe redoblar la defensa de líderes sociales: Fiscalía
La Fiscalía General atribuyó el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país a “las organizaciones delincuenciales que son verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico”.
Así lo informó en un comunicado, donde detalló que la presencia de estas bandas, que “buscan mantener el dominio de los corredores del narcotráfico”, ha “generado nuevos conflictos” en las zonas donde hacen presencia.
Una nueva oleada de violencia contra defensores de derechos humanos ha alarmado el país en la última semana, en la que se han registrado al menos cinco asesinatos de estos dirigentes.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los principales autores de estos asesinatos son el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país y heredera de los grupos paramilitares, además de otras bandas de delincuencia organizada.
“Tenemos que redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del posconflicto”, señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, citado en el comunicado.
Según los datos del ente investigador, la violencia entre bandas delictivas ha aumentado el homicidio en un 6,5 % en el primer semestre de 2018.
Las regiones más afectadas son los territorios donde operaba la ya desmovilizada guerrilla de las Farc, “particularmente el Cauca y Antioquia”, departamentos al oeste del país, se agregó en la información.
“En los territorios de narcocultivos y corredores del narcotráfico, la situación es dramática y preocupante” ya que los líderes se encuentran “en medio de este conflicto” entre organizaciones, valoró Martínez.
Añadió que los defensores de derechos humanos “se están viendo seriamente afectados” por estar “librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”.
Según la Fiscalía, 178 líderes sociales han sido asesinados desde 2016, de los cuales 30 crímenes han sucedido en lo que va corrido de 2018.
Sin embargo, el balance más preocupante es uno de la Defensoría del Pueblo, según el cual entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados 311.
El ente acusador aseguró que han establecido la autoría del 50 % de los 178 casos registrados, a raíz de lo cual se ha capturado a 184 personas y 16 investigaciones ya han concluido en una sentencia condenatoria.
Precisamente, la Fiscalía atribuyó el homicidio de Ana María Cortés, asesinada en Cáceres (Antioquia), a dos integrantes de la banda criminal Los Caparrapos, quienes “en una alianza con disidencias de las Farc y el Eln libran en la zona una confrontación por el territorio contra el Clan del Golfo”.
La muerte de Cortés ha sido especialmente polémica porque el movimiento izquierdista Colombia Humana, cuyo líder es el excandidato presidencial Gustavo Petro, aseguró que la líder formaba parte de esta campaña.
“No desfalleceremos en el esfuerzo de judicializar a los asesinos de nuestros líderes, pero debemos decirlo con claridad: la razón del Estado no es contar muertos y, por ello, lo que tenemos que hacer como sociedad es preservar sus vidas”, concluyó el fiscal.
