Los cultivos de coca han estado en el corazón del conflicto armado colombiano, durante años. Han pasado décadas desde que el Gobierno Nacional empezó a sumar esfuerzos para intentar acabar con este problema invirtiendo una enorme cantidad de recursos, sin lograr éxito. Lo venía haciendo mediante la aspersión con glifosato, la erradicación forzosa y en menor medida con la erradicación voluntaria.
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Sin embargo, la noticia más reciente en la política antidrogas la dio hace unos días el nuevo director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Sanabria, quien anunció que se suspende la erradicación forzada de cultivos ilícitos en el país.
Luego de la decisión de suspender el glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito en Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró que el hacerlo “no es permiso para sembrar más plantas de coca”.
En su cuenta de Twitter, Petro dijo: “suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca. Hay que implementar de inmediato el PNIS , adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado”.
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El mandatario aseguró que con la activación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país podrá erradicar eficazmente los cultivos de coca.
Lo que quiere decir que se priorizará la erradicación manual y la sustitución voluntaria de los cultivos de coca en acciones concertadas con las comunidades para luchar contra las drogas, y que el uso del herbicida glifosato queda suspendido.
En la actualidad, los cultivos ilegales están concentrados en el Catatumbo, frontera con Venezuela; los departamentos de Cauca y Nariño, la frontera del Putumayo con Ecuador, y Antioquia.
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La ubicación de estos cultivos coincide con los territorios en donde han sido asesinados la mayoría de líderes sociales e indígenas y con la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo.
Cúcuta, en el camino correcto
Mucho antes de que el Gobierno de Gustavo Petro diera este anuncio, la capital de Norte de Santander ya venía liderando desde hace un año, el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la vereda el 25 del corregimiento Banco de Arena.
Un proyecto productivo que inicialmente permite beneficiar a 30 familias de la zona quienes en sus terrenos tenían cultivos de coca.
De acuerdo con Elisa Montoya Obregón, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz y líder de esta estrategia: “Ya avanzamos a la segunda fase, la primera fue el monitoreo, y en esta ya se verificó que las familias cumplieron con la erradicación artesanal de los cultivos con los que se habían comprometido, un trabajo que venimos haciendo con nuestros aliados de Unodc. El objetivo es que donde antes se sembraba coca, ahora se siembren: plátano, cacao y maderables”.
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La secretaria explica que el proyecto contempla la seguridad alimentaria de estas familias, con quienes se pactaron unos pagos condicionados. “La consigna del alcalde Jairo Yáñez siempre ha sido: enseñar a pescar y no solo dar el pescado. Bajo esa premisa, las familias de la vereda están participando en actividades comunitarias que benefician a la zona, como jornadas de limpieza y talleres de reciclaje y cuidado del medio ambiente; esto como una contraprestación a los pagos que se les hace”.
Paralelamente se está trabajando en el salón comunal que hace parte del desarrollo de esta vereda.
Se espera que en las próximas semanas se haga entrega de los materiales y con ello la comunidad, que ya está distribuida en jornales, se apropie de la construcción del salón, el cual contará con la supervisión de la Alcaldía de Cúcuta y Usaid.
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