La batalla por recuperar el espacio público que se encuentra invadido en casi toda la ciudad por comerciantes formales e informales, se perdió.
Nada de lo que han hecho las tres últimas administraciones por devolver el espacio público a los ciudadanos ha dado resultados. La cifra de 500 vendedores informales que había en el centro de la ciudad en la alcaldía de María Eugenia Riascos, se incrementó al doble en la administración de Donamaris Ramírez, y en la actual, se elevó cuatro veces, es decir, unas 2 mil ventas callejeras copan andenes, parques, calzadas y hasta fachadas de iglesias.
El espacio público no solo está invadido en el centro de la ciudad, también está anulado de manera descarada en las distintas comunas del municipio, en parques, separadores y vías. Ningún lugar se salva. Basta con recorrer los andenes que rodean la alcaldía y el parque Santander, en las narices del alcalde César Rojas, para entender la dimensión del problema.
El secretario de Gobierno, Oscar Gerardino, conoce muy bien el fenómeno, como quiera que ha estado en este cargo en las dos últimas administraciones. “Si bien se había logrado dar pasos en el despeje del espacio, como nunca antes se había hecho, esto se vino al piso con la migración masiva de venezolanos. Aparecen por todas partes con ventas de cualquier cosa, y si los desalojamos, al momento vuelven”, dijo el funcionario.
Para los vecinos del Centro la verdad es una sola: “ninguna alcaldía ha podido con los vendedores informales, todas han fracasado”, dijo Aracely Hernández, administradora del hotel Stanford Park, ubicado en la avenida 5 con calle 6, a un costado del parque Lineal, quien denunció que está en bancarrota porque las ventas callejeras que se apostaron enfrente de su negocio no permiten el ingreso de sus clientes desde hace más de un año.
La alcaldía, dice, no ha sido capaz de desalojarlas, pese a las tres tutelas que han fallado a su favor para que lo haga.
Pero, ¿quién está detrás de la invasión del espacio público?
En la alcaldía de Donamaris Ramírez se denunció que había mafias que estaban cobrando por metro cuadrado a los que quisieran vender en el espacio público (Ver recuadro).
Al ser indagado Gerardino sobre por qué se perdió el control, señaló que en parte por el incumplimiento que dieron los informales a los acuerdos para su reubicación. “A ellos se les ofrecieron todas las alternativas para que dignificaran su oficio, incluso para que fueran propietarios de un local en centros comerciales como Las Mercedes y el Oití”.
Es cuestión de autoridad
Para el presidente del Concejo, Jaime Marthey, la solución para mantener despejado el espacio público es ejercer autoridad; no ejercerla está enviando una mala señal y todos quieren venir a Cúcuta porque aquí sí pueden invadir el espacio público. “Proteger los derechos colectivos y la legalidad es primordial para generar e incentivar crecimiento, si no los formales se acabarán y reinará el caos”, dijo Marthey.
Por su parte, el concejal Oliverio Castellanos es de los que piensa que el garrote no es la fórmula para buscar una solución al problema de la invasión del espacio público. “Hay un problema social enorme por la crisis de la frontera, eso nadie lo puede negar, además de esto, la ciudad ocupa los puestos de vanguardia en desempleo e informalidad, lo que quiere decir que hay hambre”.
Una prueba del fracaso por esta vía se dio en la alcaldía de Donamaris Ramírez, cuando se pretendió sacar por la fuerza a los informales. El resultado fue violencia y gasto de dinero en vano, dijo Castellanos.
El comerciante formal, Agustín Hernández, quien durante 40 años ha trabajado en su negocio del Centro, afirma que ningún alcalde ha tenido los pantalones bien puestos para sentar un precedente en su obligación de devolverles el espacio público a los cucuteños. “Y no lo hacen simple y llanamente porque ahí están los votos que cada que hay elecciones necesitan”.
Sin embargo, esta tesis fue refutada por el consultor en urbanismo Juan Carlos Peña, quien señaló que en ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja y Bogotá los alcaldes sí pudieron despejar el espacio público invadido por décadas por vendedores informales.
En Bucaramanga y Barancabermeja, por ejemplo, fueron sacados del parque Centenario y llevados al centro comercial La Isla, alejados del centro, mientras que en esta segunda ciudad fueron sacados de los andenes del centro y reubicados también en un centro comercial construido para ellos por la alcaldía.
‘No hay mafias’
Leonardo Sánchez Quintero, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que no hay tales mafias ni se está vendiendo el espacio público de Cúcuta. Eso fue un mito que se inventó en la alcaldía de Donamaris Ramírez.
Lo que sí hace la asociación de vendedores informales de Cúcuta (Asovicut) es aportar a su sindicato una cuota, pero para el sostenimniento de sus actividades, para imprimir documentos, para movilizaciones o para comprar un magáfono, pero nunca como negocio de venta del espacio público.
Dijo que a la alcaldía se le ha planteado una estrategia de autorregulación del espacio público, para que se facilite el derecho al trabajo a los informales, pero no se ha podido llegar a un acuerdo en este sentido. Las ofertas que ha hecho la administración municipal no han sido concertadas ni hay una reconversión laboral planificada, dijo Sánchez.
Ni siquiera se conoce un censo real de la población que vende en las calles, acotó el dirigente sindical.
La Ley 9 de 1989, que regula la materia en Colombia, señala que el espacio público está destinado a satisfacer las necesidades urbanas colectivas, no las particulares como se incurre en Cúcuta .
Alejandro Mora, vendedor de correas en la avenida séptima, desde hace 28 años, aseguró que ni ha pagado por vender ni la alcaldía le ha ofrecido una alternativa en la que pueda ganarse el sustento para su familia.
